La Junta acumula 13 causas judiciales por uso indebido del dinero público

«Las cosas de Alaya». Así se referían hasta hace poco en círculos cercanos al Ejecutivo andaluz cada vez que la instructora de los ERE firmaba un auto con nuevas imputaciones o dando cuenta de alguna novedad en la instrucción. Sin embargo, ya no es Mercedes Alaya la única que tiene contra las cuerdas a la Junta de Andalucía. Hace poco más de un mes que el juez de instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, abrió ocho causas (de momento)por el uso inadecuado de las transferencias de financiación. Este hecho, que pone a la Junta de Andalucía contra las cuerdas, se traduce en que ya hay más de una docena de diligencias abiertas que cuestionan el instrumento presupuestario que el Ejecutivo socialista ha usado para administrar el dinero público durante más de una década.

La pieza principal y madre de todas las causas de corrupción (también en sentido literal, puesto que la mayoría ha aflorado durante la investigación de ésta)es la de los ERE fraudulentos en la Junta de Andalucía, que está a punto de cumplir tres años y que Mercedes Alaya sigue instruyendo.

Hay más de un centenar de imputados y la magistrada ha vuelto a preimputar nuevamente a los expresidentes José Antonio Griñán y ManuelChaves, así como los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Francisco Vallejo. La juez razonó las imputaciones de todos ellos después de que la Audiencia de Sevilla así se lo indicara en respuesta a un recurso del fiscal.

En cuanto al resto de las diligencias, la juez de instrucción número 6 parece haber metido el turbo, ya que toma declaraciones prácticamente todos los días y tiene un calendario señalado hasta el próximo mes de enero. Pero esas no son las únicas diligencias que pueden comprometer al Ejecutivo andaluz. Instrucción nº 6 abrió una pieza separada, aún bajo secreto, relacionada con el conseguidor Juan Lanzas (a quien los intrusos identificaban como representante de la Junta de Andalucía) y con las comisiones y desvío de dinero a sindicatos como UGT. De hecho, esa misma investigación que dio origen a la Operación Cirene en la que la Guardia Civil registró el sindicato y varias empresas, se unirá con toda probabilidad a la que sobre el supuesto desvío de las subvenciones de la Junta de Andalucía hizo el sindicato ugetista.

La causa de UGT, abierta tras las denuncias de Manos Limpias, fue a parar al juzgado de la juez Alaya después de que el resto de órganos por los que se había repartido se lo remitieran por la conexión de los delitos.Ahora también acaba de asumir la investigación que llevaba sobre hechos relacionados la Audiencia Nacional.El magistrado Santiago Pedraz decidió remitirle esas diligencias porque creía que la investigación criminal debía realizarse en la jurisdicción ordinaria por el juzgado competente.

Cambiando de juzgado y subiendo sólo una planta, en el mismo edificio del sevillano Prado de San Sebastián, el juzgado número 16 tiene abierta otra investigación —sobre Invercaria—, que también pone en tela de juicio la gestión del Ejecutivo. Investigan la presunta malversación de caudales públicos en la empresa de capital-riesgo de la Junta pero, de momento, solo se ha indagado en tres de la treintena de empresas que están siendo analizadas por las inversiones que realizó la Junta en ellas.

En FIVA, la primera investigada, ya hay varios directivos de la agencia pública de la Junta IDEA imputados que han acudido a declarar, además de los exdirigentes de Invercaria.

Y en la segunda empresa analizada, el operador aéreo Andalus, sobre la que el juzgado recibió hace varias semanas los atestados policiales, ya hay citado otro exconsejero de la Junta de Andalucía. En este caso se trata de José María Martín Delgado, que fuera consejero de Cultura de la Junta, que participaba en el accionariado de la compañía. Tanto éste como el expresidente de Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo, y varios empresarios, tendrán que pasar por el despacho del juez el próximo mes de febrero. Yhace unos días el juez recibió el atestado de otra empresa, Fumapa, que recibió 300.000 euros con solo las referencias positivas del exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo.

Además de la treintena de empresas que recibieron cantidades millonarias de Invercaria que la Policía Judicial investiga, la instrucción ha hecho aflorar nuevos ilícitos que la Fiscalía Anticorrupción no ha dejado escapar.

Tras una petición en ese sentido, el juzgado número 16 decidía abrir ocho nuevas causas por el uso inadecuado de las transferencias de financiación en otras tantas empresas públicas. RTVA, la Agencia IDEA, la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, Extenda, Egmasa, Epdasa , Giasa, y Turasa son los entes que investigará Gutiérrez Casillas, a los que se suma la más reciente abierta sobre EPSA. Unas diligencias que se complementan con la que ha enviado al 6 para indagar lo mismo en IDEA.