El 'cerebro' de Hipercor ya está libre tras la decisión de la Audiencia Nacional

El mismo Troitiño, que sale de la cárcel cuatro años antes de la fecha que tenía fijada, ha dicho a los reporteros gráficos "ya está", una vez captaron su imagen, mientras que sus acompañantes han pedido a los informadores que busquen otra profesión más digna, con distintos mensajes en este sentido.

El primero en salir fue el etarra Juan Francisco Gómez López, que llevaba 22 años preso y abandonó la prisión de Basauri (Vizcaya) antes de la cinco de la tarde. Dos horas después, lo hacían Jokin Mirena Sancho y Luis María Azcargorta, que compartían centro penitenciario, el de Zuera, además de condena por delitos de sangre. A la misma hora, pero en la localidad asturiana de Villabona, Elías Fernández Castañares, decía adiós a 27 años de prisión. Fue condenado a un total de 288 años y medio de cárcel por dos asesinatos en 1985. Habría salido en 2011 si no se le hubiese aplicado la doctrina Parot.

Después era el turno de Isidoro María Garalde Bedialauneta, alias 'Mamarru', quien ha abandonado, siete años antes de lo previsto, el centro penitenciario de Puerto I, en Cádiz. El exjefe de adiestramiento de comandos de ETA acumulaba una condena de 169 años. Los últimos en salir han sido José Ignacio Urdiain, en Valencia, y Joseba Koldobica Artola, en Daroca. Se espera que el último de los beneficiados, Jon Koldo Aguinagalde, salga también a la calle en las próximas horas.

La Audiencia no espera al Supremo

Después de casi cinco horas de encendido debate y de que la Sala se partiese literalmente en dos, las liberaciones fueron acordadas por nueve magistrados contra ocho, en contra del criterio de la Fiscalía que pidió no tomar una sola decisión sobre el medio centenar de peticiones de excarcelación ya presentadas por etarras hasta que el próximo martes 12 el Tribunal Supremo celebrase el pleno monográfico en el que debe determinar cuál es el alcance exacto del fallo del tribunal de Estrasburgo que invalidó parte de la llamada ‘doctrina Parot’ y que provocó la salida de prisión de la terrorista Inés del Río.

Los nueve magistrados que han impuesto su criterio aseguran, sin embargo, que no rompen con la petición de la Fiscalía, ya que creen que estas nueve excarcelaciones de etarras, como ocurrió con la de Del Río y con la de Juan Manuel Píriz, decidida por la Audiencia Nacional en los últimos días de octubre, se tendrían que autorizar en cualquier caso, aunque el Supremo el martes decida dar la razón al Ministerio Público y bendecir la interpretación más restrictiva posible de la sentencia europea.

La Fiscalía considera que el fallo de Estrasburgo no deroga la doctrina Parot, que ordenó descontar los beneficios penitenciarios de cada una de las penas de los terroristas, lo que les llevó a cumplir 30 años efectivos en prisión, sino que solo impide su aplicación retroactiva, es decir, con anterioridad al 28 de febrero de 2006, que es el día en que la acuñó el Supremo. Así aconseja que a los presos afectados se les respete el cómputo de redenciones más favorable hasta 2006 y que, en cambio, se le aplique el más duro tras esta fecha. Con esta maniobra el Ministerio Público lograría impedir alguna de las 75 excarcelaciones de etarras y grandes delincuentes reincidentes que podrían producirse de inmediato y retrasar varios años la fecha de salida de los demás reclusos afectados por la doctrina.

La mayoría de la Sala de lo Penal ha decidido ordenar ya estas nueve excarcelaciones porque, según explican fuentes judiciales, decida lo que decida el Supremo la próxima semana, estos terroristas ya habrían cumplido íntegramente su condena con el sistema de descuento más laxo de los beneficios penitenciarios que tendrían asegurado hasta marzo de 2006. De hecho, añaden que para el resto de las peticiones sobre las que tienen que decidir la Audiencia Nacional esperarán a los criterios de aplicación de la doctrina Parot tras el fallo de Estrasburgo que decida el alto tribunal.

La Sala ha dejado pendientes de resolver otros dos recursos: el de Juan Andrés Urquizu, porque está pendiente de que el Tribunal Constitucional resuelva su recurso, y el de Raúl Ibáñez Díaz.