El CGPJ pide más jueces frente al incremento de casos pendientes

El documento refleja el incremento de ingreso de asuntos en la jurisdicción Civil de un 4 por ciento y en la Social del 6 por ciento. La Memoria, cuyo contenido ha sido aprobado por el Pleno este jueves, recoge la actividad de este órgano y la de los juzgados y tribunales durante 2012, un período complejo para el conjunto de la ciudadanía y para esta institución, según ha informado el propio Consejo.

Reducción de asuntos contenciosos

El número de asuntos ingresados en todas las jurisdicciones (8.972.642) se vio reducido en 2012 respecto de los que tuvieron entrada en juzgados y tribunales en el año anterior gracias al descenso en la jurisdicción Contencioso-Administrativa , que fue del 22 por ciento, y en la Penal, del 1,5 por ciento, según la Memoria.

Pese a ello, el número de jueces y magistrados no se ha visto incrementado, «y las necesarias reformas de organización y procedimiento no terminan de llegar o sin que pueda preverse si las que se anuncian ayudarán a solucionar los problemas existentes», como reiteradamente ha tenido ocasión de informar el Consejo al evacuar los preceptivos informes a los anteproyectos de ley, algunos de ellos muy críticos.

El presupuesto disminuye un 8 por ciento

Por otra parte, el Pleno del CGPJ ha acordado también remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas su propuesta de presupuesto de la institución para el ejercicio de 2014. El proyecto de presupuesto para 2014 será de 57.955.190 euros , lo que supone una disminución de un 7,68 por ciento respecto del presupuesto de 2013, y de un 24,72 por ciento respecto del de 2009, que fue el primero aprobado por el actual Consejo.

Según una nota distribuida por este órgano, el proyecto de presupuesto se ha elaborado siguiendo principios de austeridad y sin que ello condicione los objetivos que el nuevo Pleno que se constituya tras la renovación del órgano pueda considerar prioritarios. En este sentido, se han incorporado las partidas presupuestarias mínimas necesarias para el cumplimiento de las competencias constitucionales del Consejo.