Aznar: «Los desafíos secesionistas rompen de raíz nuestro pacto constitucional»

–¿Comparte la tesis de que el Gobierno ha subido los impuestos, en contra de su programa electoral, porque era imprescindible y una inevitable exigencia europea?

–Soy partidario de hacer una reforma fiscal profunda, y en FAES presentaremos una propuesta importante esta semana. Esa reforma es indispensable para tener un buen sistema fiscal y para alentar las políticas de crecimiento. En esto, mi coincidencia es completa con el gobernador del Banco Central Europeo, Mario Draghi , y también con el FMI. Y creo que es una necesidad para las clases medias españolas, que además de verse agobiadas por el desempleo, lo están también por una carga fiscal excesiva.

–¿Bajaría entonces los impuestos?

–Me parecería una medida extraordinariamente oportuna y conveniente. No estamos hablando solo de la consideración de bajar algo de lo que se ha subido, sino de una reforma fiscal que suponga una extensión de la base de contribuyentes para ayudar al crecimiento económico y que se produzca una mayor recaudación. Y de eso tenemos ya alguna experiencia porque lo hicimos en 1999 y 2003.

–¿Pero había opción de responder a las imposiciones europeas de otra manera?

–Coincido con las opiniones de Draghi, del FMI y de la mayoría de expertos en que la clave radica fundamentalmente en el capítulo del gasto. Las cuentas tienen un capítulo de ingresos y otro de gastos… Pues bien, hay capítulos de gastos que se refieren a la reforma del Estado que están prácticamente sin tocar. Existen altos niveles de ineficiencia en la vida de las administraciones públicas españolas que están sin tocar. Y es el Estado el que tiene que servir a los contribuyentes; no vale que el contribuyente se ponga al servicio de una dimensión determinada de las administraciones. Hay que respetar al contribuyente. Es un cambio sustancial que conviene hacer.

–Y en virtud de ese respeto que reclama, ¿aboga por una recentralización de competencias de las comunidades al Gobierno central?

–Si hablamos de la reforma del Estado, hay que hablar de tres dimensiones: primero y más importante, el desafío secesionista contra España; segundo, la viabilidad de un modelo de Estado; y tercero, la simplificación de la Administración pública. Sería prudente distinguir las tres. La primera es, desde el punto de vista de la legalidad y de la historia de la nación española, totalmente inaceptable. Supone vulnerar los elementos básicos de nuestro pacto constitucional y tiene que ser rechazado de raíz. Decir esto no es superfluo porque en España a veces se ven algunas curiosidades… En España de vez en cuando se entiende que para ganar galones de demócrata no hay que defender la democracia, sino dar paso a los que no la defienden, lo cual es insólito. Y no es lo único. Otra cosa curiosa en España es que hemos llegado a que sea noticia que una persona que tenga un trabajo, unas retribuciones y pague sus impuestos sea sospechosa.

–¿De qué?, ¿por ejemplo?

–Pues sospechoso no se sabe de qué…, pero es sospechoso. Razón de más para defender la Constitución.

–¿No se defiende lo suficiente?

–Yo veo dos desafíos, que son el catalán y el vasco. El catalán es consecuencia de una doble circunstancia: un proceso de radicalización en la política catalana verdaderamente grave, y una fractura social. La coexistencia en Cataluña todavía es posible gracias a que aún existe la Constitución que algunos intentan destruir. Sobre esto hay que articular una política nacional muy clara y elementos de respuesta muy claros. El primero es superar la crisis de legalidad que existe en España. El mensaje que se está mandando políticamente desde el secesionismo catalán es «yo reclamo el derecho a decidir, usted me lo tiene que dar porque si no, no son demócratas ni razonables; y yo decidiré cada lunes por la mañana si pertenezco o no a España; entre tanto, por supuesto, me reservo el derecho a no cumplir la legalidad y les insulto cada vez que me apetece; y además de eso me tienen que financiar». Esto es uno de los mayores disparates políticos que he visto. Pero la respuesta a eso requiere una definición, una política, una articulación…

–¿Y cómo ve necesario afrontarlo? Un ciudadano catalán, por ejemplo, recibe a diario una sobredosis de mensajes rupturistas. ¿Cómo se hace el contradiscurso?

–Yo estoy definiendo el problema. Otra cosa distinta es la política. Yo defino el problema y digo qué creo que se tiene que hacer para solucionar el problema. Otra cosa es articular una política determinada…

–¿No se está articulando?

–Si no existe un mensaje contrario a eso en Cataluña, o que se oponga, o que sea alternativo, será porque nadie lo hace. Y si nadie lo hace, convendría que se hiciera.

–¿Cómo percibe la evolución política del País Vasco y el retorno del nacionalismo al poder?

–Yo manifiesto mi preocupación por su evolución. Resultaría para mí, y creo que para una mayoría de españoles, verdaderamente incomprensible que, derrotada ETA , le regalásemos ahora la victoria. Sería un caso extravagante para estudiar en los libros de historia. Me remito a los criterios establecidos por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que determinan con mucha claridad que las formaciones políticas no solo eran rechazables por razón de sus medios, sino por razón de sus fines. Los proyectos totalitarios son inaceptables para ser defendidos en sociedades democráticas.

–Entiendo que usted cree que los terroristas se jactan de una victoria sobre el Estado de derecho…

–Me remito a la Ley de Partidos Políticos. El terrorismo fue derrotado con la ilegalización de Batasuna, con el cumplimiento íntegro de las penas, con la erradicación de la kale borroka, con el esfuerzo de mucha gente… pero no dándole la razón a los terroristas. Ahora me encuentro con un plan, o algo así, del actual lendakari que consiste en decir «acabemos con el terrorismo dándole la razón a los terroristas». Dice el PP que va a presentar varias enmiendas… Yo espero que sean a la totalidad, claro. Ese proyecto no respeta lo esencial de la legalidad democrática y tampoco está dispuesto a aceptar que los demócratas españoles no podemos perder la legitimidad de nuestra victoria sobre el terrorismo, que tanto nos ha costado.

–Asumiendo su discurso sobre el País Vasco, ¿existen hoy elementos para ilegalizar a Bildu?

–Insisto, soy partidario de que se aplique la Ley de Partidos. Es bien claro. Y no soy partidario de entrar en un proceso político que consista en que los demócratas pierdan la victoria que han conseguido. Así de sencillo.

–¿Y no cree que la Ley de Partidos está derogada por la vía de los hechos, una vez que fueron legalizados esos partidos?

–No, no es así… La ley está plenamente vigente. La decisión del TC no termina con la Ley de Partidos. Afecta a una sentencia determinada, pero la ley está plenamente vigente. No hay ninguna derogación jurídica… Otra cosa es que produzca un efecto de carácter político por la no aplicación de la Ley, pero nadie la ha derogado ni ha dicho que no sea constitucional.