El Gobierno ultima la Gran Reforma

Santamaría ha advertido de que esta reforma no se hace en una hora. Mensaje dirigido a los que meten prisa, como la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, que exige un cambio radical cuanto antes. Lo cierto es que antes del 30 de junio debe estar el informe en el que trabaja la Comisión para la Reforma de las Administraciones.

La ordenación de las competencias será una parte fundamental de las reformas. Se acabarán las duplicidades, los solapamientos y la prestación de servicios sin financiación. Pero la reforma llegará mucho más alla, y puede tocar la espina dorsal de la estructural territorial y autonómica del Estado. Todos tendrán que ceder, la Administración General, pero también las Comunidades y los ayuntamientos. El control del gasto (del despilfarro) de las comunidades será mucho más estricto.

Con la reforma se pretende revisar por completo las trabas burocráticas que dificultan la tramitación de los procedimientos administrativos con el fin de conseguir una mayor simplificación que redunde en beneficio de los ciudadanos y empresas.

También se identificarán actividades de gestión que, por ser similares o de la misma naturaleza, puedan desempeñarse de forma unificada o coordinada, aprovechando así en mayor medida los medios públicos. Pero además se hará un análisis preciso de los entes que configuran la Administración institucional, para eliminar todo lo insustancial, unificar y mejorar los realmente válidos.

En la reforma de la Administración se incluye el Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que será remitido a las Cortes Generales en el mes de julio, y que supondrá un ahorro estimado de 8.000 millones de euros entre los años 2014 a 2015. Supondrá un cambio de mentalidad en los ayuntamientos, con una ordenación de tareas, servicios y financiación.

La Ley persigue cuatro objetivos principales: clarificar competencias municipales para evitar duplicidades, racionalizar la estructura organizativa, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer una regulación favorable a la iniciativa económica privada. Para ello, la norma incide en la estructura de la administración local buscando el equilibrio financiero, la eficiencia en el ejercicio de sus actividades y una mayor profesionalización en toda la función local, tanto la desempeñada a nivel político como a nivel administrativo.

El número de asesores se reducirá en función de la población de los municipios y los Presupuestos Generales del Estado fijarán los límites máximos de las retribuciones de cargos electos, los empleados públicos y los directivos del sector público local. Respecto a los salarios de los empleados públicos se establecerán baremos para que no haya tantas diferencias entre los funcionarios de las distintas administraciones.