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El PSOE advierte de que la reforma del CGPJ supondrá la «muerte» del órgano
Acusa al Gobierno de cambiar de forma «artificiosa y al margen del Derecho» la renovación de los vocales del Consejo
El Grupo Socialista en el Congreso ha presentado una enmienda a la totalidad sobre el proyecto de ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al considerar, entre otras cuestiones, que la tramitación separada de esta reforma de una más general del conjunto de la Ley Orgánica del Poder Judicial «responde básicamente a garantizar que la próxima elección de vocales (del órgano de gobierno de los jueces) pueda hacerse conforme al nuevo sistema y evitar que el sistema vigente se mantenga cinco años más».
Critica así que el Gobierno presentara a las Cortes un proyecto de ley de suspensión de dos artículos de esa ley «de forma artificiosa y al margen del derecho» del mecanismo de renovación del CGPJ. Los socialistas se refieren así a la medida adoptada por Gallardón de paralizar el trámite que la Ley en vigor prevé para la renovación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces con el objetivo de que la composición del próximo Consejo, prevista para el próximo 24 de septiembre, se realice según lo previsto en el Anteproyecto de LOPJ analizada por el Consejo de Ministros del pasado 21 de diciembre.
El nuevo Consejo pasa, entre otras modificaciones, por un menor protagonismo de las asociaciones judiciales o solo unos cuantos vocales con dedicación exclusiva. El caso es que el mecanismo de renovación ya se puesto en marcha conforme a lo previsto en la ley por ahora vigente, con lo que los socialistas denuncian que «se desconoce aún si tras la expiración del mandaro del actual CGPJ, la renovación podrá ser llevada a cabo conforme a la todavía hipotética y futura ley que se apruebe de reforma del Consejo o será necesario rehabilitar la vigencia de los preceptos temporalmente suspendidos (...)».
«Marcadamente presidencialista»
En la enmienda registrada ayer en el Congreso, el Grupo Socialista critica la reforma impulsada por el Gobierno al considerar que priva al Consejo de parte de sus funciones básicas y advierte de que de esta forma «solo conseguirá la muerte del mismo». A su juicio, se trata además de un sistema «marcadamente presidencialista, en el que se atribuye al presidente facultades discrecionales para el cese» de algunos cargos.
Sobre las asociaciones judiciales, sostiene que «tampoco pueden estar de acuerdo con el intento de devaluarlas» así como de mermar su capacidad de actuación en ámbitos «donde ahora mismo ya tiene consolidada su presencia». En este sentido, los socialistas aseguran que es «imprescindible la interlocución intensa con los justiciables, pero no menos con aquellos representantes de los colectivos que tienen que llevar adelante las reformas y propuestas para su mejora».
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