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La Junta andaluza prorrogó los falsos ERE con Griñán para «mantener la paz social»

Día 07/02/2013
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«La conflictividad laboral puede derivar en un desorden», arguyó en 2010 un director general para reclamar más dinero

La Consejería de Empleo mantuvo el polémico sistema de pago de los ERE con el pretexto de evitar un «desorden social» un año después de que José Antonio Griñán aterrizara en la Presidencia de la Junta de Andalucía. Al margen de los falsos trabajadores que se prejubilaron con fondos públicos y las ayudas a empresas y ayuntamientos de la órbita del PSOE, a la Junta le funcionó razonablemente bien la fórmula cuando estaba al frente de la Dirección General de Trabajo Francisco Javier Guerrero, entre 1999 y 2008.

Su sucesor en el cargo, Juan Márquez, mantuvo el sistema de pago con algunos cambios formales. Reemplazó la figura de las transferencias de financiación utilizada desde 2001 por una encomienda de gestión en abril de 2010. Empleo delegó así en el ente instrumental de la Junta (la agencia IDEA) el pago de las ayudas a empresas en crisis. El nuevo cambio normativo seguía teniendo grietas (las ayudas se concedían a dedo y sin fiscalización) y tampoco puso coto al fraude.

La filosofía permaneció invariable antes y después de Guerrero: comprar «la paz social» a cambio de una «derrama» importante de fondos públicos (647 millones de euros repartidos durante una década). Márquez, imputado en el caso porque la juez entiende que continuó otorgando ayudas a sabiendas de su ilegalidad, justificó en un informe con su firma el 28 de enero de 2010 que se aumentara el dinero destinado a la partida 31L por «el mantenimiento de la paz social».

Evitar conflictos

En el documento titulado «Proyecto técnico de encomienda de Gestión de la Consejería de Empleo a la agencia IDEA», el exdirector de Trabajo argumenta que un incremento presupuestario podría evitar «la conflictividad laboral que puede, inclusive derivar en desorden social tanto en el corto como medio plazo por la pérdida de empleo que sufran los trabajadores y trabajadoras andaluzas.

En el mismo informe, dirigido al consejero de Empleo, Manuel Recio, se vuelve a dejar patente que la Consejería de Economía y Hacienda, entre 2004 y 2009 en manos de Griñán, tomaba parte en el proceso estableciendo el plan de pagos de los ERE irregulares. Así lo puso de manifiesto el propio Guerrero en otro escrito publicado ayer por ABC, del 23 de mayo de 2005, que desvelaba que pactó los abonos en una «conversación telefónica» con la entonces directora general de Tesorería de la Consejería de Economía, Julia Núñez. «Con base a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de 2010, los pagos se abonarán mensualmente conforme al calendario de pagos que, por resolución establezca la Consejería de Economía y Hacienda, conforme a la normativa aplicable». En 2010 al frente de esta cartera estaba Carmen Martínez Aguayo, actual consejera de Hacienda y Administración Pública.

Los argumentos de Márquez y el temor a una quiebra social en medio de la tormenta económica debieron convencer al Gobierno andaluz, que mostró buena disposición presupuestaria. Atendió su solicitud y dotó de más dinero la polémica partida 31L, denominada por Guerrero como «fondo de reptiles», en parte para atender «compromisos anteriores ya contraídos» por su antecesor en el cargo, que ascendían a 81,7 millones. Al menos solicitó mantener en 2010 la misma consignación de 2009 (71,4 millones)

Tres meses después, el 27 de abril de 2010, Recio, el máximo responsable de Empleo, aprobó la encomienda de gestión dotando a la agencia pagadora de las pólizas de 54,16 millones. La juez amplió en julio la investigación a las ayudas concedidas bajo la nueva fórmula implantada en la etapa de Griñán al entender que seguía siendo irregular.

Por otra parte, la publicación por parte de ABC de los papeles del ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero, centró buena parte de lo que se dijo ayer en el Parlamento andaluz. Todos los portavoces parlamentarios se refirieron a esta cuestión a preguntas de los periodistas, siendo el popular Carlos Rojas el más contundente, al considerar que las anotaciones de Guerrero demuestran que «toda la Consejería de Empleo estaba implicada» en los ERE irregulares y «actuaba de forma contraria a la Ley».

Dimisión de Griñán

Por ello, Rojas, que calificó de «escandalazo» los nuevos documentos, entiende que Griñán «debería haber presentado ya su dimisión», porque «Guerrero nunca negó su forma de actuar» y porque «su documentación demuestra que no era él solo» el que tomaba las decisiones de a quién se destinaban las ayudas. Asimismo, Rojas denunció que entre 2008 y 2012 hubo 119 expedientes con reparos «bastante llamativos», entre los que hay «muchísimos a la partida 31L».

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