El juez impone una fianza de 8,1 millones de euros para Urdangarín y Torres

El esta decisión el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma rechaza las alegaciones presentadas por el abogado de Urdangarín, Mario Pascual Vives, en las que defendía que las contrataciones efectuadas por el Instituto Nóos fueron totalmente correctas y que, su cliente no ocupaba más que una mera «función representativa» en la asociación con la que presuntamente se desviaron fondos públicos. El juez atiende la petición de la Fiscalía y del sindicato Manos Limpias.

En un auto de más de 500 folios Castro conmina a los imputados a comunicar si tienen antecedentes penales y, además, indica a la Comunidad Valenciana la posibilidad de adherirse a la reclamación de la fianza. El magistrado trabajaba en esta decisión desde finales de noviembre , cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó su escrito por el que pedía una fianza civil de 8.189.448,44 euros para Urdangarín y Torres, con el fin de que se aseguraran las posibles responsabilidades pecuniarias a las que tuvieran que hacer frente en el caso de que fueran condenados. Además se solicitaba que se declarara la responsabilidad civil directa tanto del Instituto Nóos como de todas las mercantiles propiedad o participadas por ambos a las que finalmente llegaba el dinero cobrado de forma ilegal de las administraciones. El juez Castro ha hecho suyos estos argumentos.

Por otra parte, el Ejecutivo de José Ramon Bauzá solicitó a través de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, una fianza de responsabilidad civil de cerca de casi 3,8 millones de euros al Duque de Palma y a su exsocio.

La abogacía autonómica considera que esta cantidad corresponde al dinero público malversado a través de los diferentes contratos obtenidos durante la legislatura 2003-2007, gobernada por el expresidente Jaume Matas (PP).

El Eecutivo de Bauzá reclama al duque de Palma y a su exsocio menorquín una fianza de 3.498.000 euros por dos contratos firmados por la Fundación Illesport y el Instituto Nóos para la organización de dos foros sobre Turismo y Deporte en los años 2005 y 2006. Una tercera parte de estos casi 3,5 millones de euros corresponden a los intereses. Por otra parte, el Ejecutivo autonómico también pide a Urdangarín y a Torres algo más de 300.000 euros por la decisión del Gobierno autonómico de Matas de patrocinar al equipo ciclista de Baleares.

El juez Castro acordó ayer la personación en la causa de la Abogacía del Estado, que representa los intereses, como perjudicada, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Esta personación había sido solicitada el pasado día 24 después de que Diego Torres e Iñaki Urdangarín hubieran sido imputados por varios delitos fiscales.

También se conoció ayer la imputación de Carlos García Revenga , secretario de las Infantas, que deberá comparecer ante el juez para explicar su papel de tesorero en el Instituto Noos. La citación ha sido iniciativa del magistrado, ya que ninguna de las partes personadas lo había solicitado aún, si bien Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, ya había anunciado que haría una petición en este sentido.

Fuentes de la máxima solvencia consultadas por ABC señalan que Castro no comparte las opiniones en el sentido de que era mejor esperar a la declaración de Diego Torres, el 16 de febrero, para tomar la decisión de citar a García Revenga como imputado o solo como testigo. «Así —señalan las fuentes— se podría haber tenido más elementos para saber si el secretario de las Infantas simplemente estaba al tanto de todo, como demuestran los correos electrónicos, o bien participó en la trama delictiva».