Los partidos recibieron 281 millones de euros en subvenciones en 2007

La mayor partida corresponde a las subvenciones para el funcionamiento ordinario de los partidos, que se reciben en función de los resultados electorales. El Parlamento, las cámaras autonómicas y los gobiernos de las comunidades, diputaciones y ayuntamientos aportaron 209 millones de euros . En el resto destacan las partidas para las campañas electorales que hubo en 2007 y a las que se destinaron 62 millones de euros, de los que Partido Popular y PSOE lograron más de 40.

El dinero público es la gran fuente de financiación de los partidos, que sólo obtuvieron unos ingresos propios (cuotas de afiliados, donaciones y actividades varias) de 67,9 millones, un 20 por ciento de sus presupuestos totales. En el escrutinio de la contabilidad, el Tribunal de Cuentas ha encontrado una gran cantidad de irregularidades en los partidos con representación (todos han entregado sus estados financieros salvo el Bloc Nacionalista Valencià, que se expone a una sanción).

La formación política que ha recibido el mayor tirón de orejas es Izquierda Unida: no presentó las cuentas de varias de sus federaciones (Cantabria, Galicia, Castilla y León y La Rioja), entregó otras fuera de plazo (Andalucía, Valencia, Ibiza y Formentera) y presenta varias irregularidades en sus libros de contabilidad. Además, el organismo presidido por Manuel Núñez le hace una severa advertencia: su patrimonio presenta un saldo negativo de ocho millones de euros, por lo que «deberá ajustar su actividad económica y acomodar su apalancamiento financiero a los ingresos previstos a fin de mantener el patrimonio neto en niveles que aseguren la permanencia de la actividad económica». Esta misma recomendación ha recibido CiU, que tuvo un saldo negativo de 13,6 millones de euros. También se llevan un buen varapalo Coalición Canaria, Unió Democrática de Catalunya, Ciutadans-Partido para la Ciudadanía y el Partido Andalucista que, «teniendo operaciones de los tres tipos (subvenciones públicas, donaciones privadas y deudas con entidades de crédito), no han incluido ninguna información al respecto en la Memoria».

Coalición Canaria tampoco ha presentado las cuentas anuales consolidadas de los partidos que integran la federación. En el lado opuesto, los únicos elogios han sido para el PSC, que facilitó al órgano fiscalizador la información más completa.

No obstante, en sus conclusiones, el Tribunal reprocha a los 32 partidos estudiados que ninguno de ellos haya entregado el informe de control interno que establece la ley de financiación de los partidos políticos.

La gran novedad de la nueva normativa es que desde 2007 ya no se permiten las donaciones anónimas, que alcanzaron 7,1 millones de euros ese año. El Partido Popular reconoció 2,3 millones de donantes sin identificar y otros 231.400 euros que el Tribunal de Cuentas considera irregulares porque se ingresaron después de que entrara en vigor la nueva ley, el 4 de julio. Los populares se comprometieron a no utilizar ese dinero hasta identificar a los contribuyentes.

El PSOE obtuvo por esta vía 1,2 millones de euros y 52.500 fuera de plazo por «error», justificaron los socialistas.

Otras irregularidades que han cometido la inmensa mayoría de los partidos han sido no aportar tasaciones de los inmuebles que adquirieron en 2007 y no presentar en sus cuentas anuales «en toda su amplitud» las actividades económicas de las agrupaciones locales.

En cuanto a inversiones, el informe revela que el PNV tenía una cartera de valores de 3,9 millones de euros que sufrió una depreciación de 111.000 euros y que se componía de renta fija, acciones cotizadas en bolsa, «derivados (warrants) y suscripción de participaciones en diversos fondos de inversión».

En otra de sus conclusiones, el Tribunal de Cuentas recuerda al Gobierno que la ley de financiación de los partidos políticos establece un régimen sancionador y que existen «dificultades» para «su aplicación», por lo que le insta a «la adopción de aquellas decisiones que se estimen pertinentes» con el fin de permitir su desarrollo.

Por otro lado, el informe de 2007 ha sido el primero en incluir el estudio de la contabilidad de las fundaciones ligadas a los partidos políticos.