Sanidad, Educación y Servicios Sociales ya no serán competencias municipales

1.- Un municipalismo con futuro. El municipalismo de hoy y del mañana pasa por su solvencia y sostenibilidad. Solo persiguiendo objetivos de eficiencia en el gasto se alcanzará un modelo en el que no se gaste más de lo que se ingrese y donde se garantice que la prestación de los servicios obligatorios y su pago prevalece sobre aquellos servicios que no son obligatorios. Se trata de sentar las bases de una autonomía local asentada en los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

2.- La modernización de la planta local. Una reforma necesaria para modernizar la planta local española. Que defina con mayor precisión las competencias que van a ser desarrolladas por la Administración Local, diferenciándolas de las competencias estatales y autonómicas. Entre las novedades más significativas valoramos que las competencias en materia de Sanidad, Educación y Servicios Sociales recaigan de manera íntegra en las Comunidades Autónomas. También, la racionalización y profesionalización de las estructuras organizativas y de gestión tanto de los municipios como de las Diputaciones o equivalentes, así como su sector empresarial local. Una reforma que prepara la administración local para un mejor servicio al ciudadano.

3.- Una Administración, una competencia. Promoción de la medición, contrastación y publicación del coste de los servicios con el fin de eliminar duplicidades y generar economías de escala y de rendir cuentas a los ciudadanos. La reforma local daría así respuesta al compromiso asumido por el Partido Popular y su Presidente de «una administración, una competencia». La reorganización de actividades y servicios puede generar unos ahorros cercanos a los 3.500 millones de euros.

4.- Sostenibilidad financiera. Las entidades locales ejercerán competencias no previstas en la ley, cuando no se ponga en riesgo financiero la realización de las competencias propias, y se garantice su sostenibilidad financiera. Terminar con el problema de las competencias impropias, liberando de dicho gasto a los municipios, constituye una reivindicación histórica de los entes locales. Si además, en el periodo de 1 año, se someten a los servicios públicos municipales, de mancomunidades y entidades locales menores a un proceso de evaluación, servirá para promover la generación de economías de escala y potenciar las Diputaciones. Una gestión de recursos más eficiente que optimizará el coste de los servicios teniendo en cuenta el tamaño y la densidad de población del municipio.

5.- Una mejor gestión local. Un modelo que premia la mejor gestión en el servicio al ciudadano. Otro de los mecanismos que ofrece la norma a considerar, es la reversibilidad de una competencia que pase del municipio a un plano territorial superior. Tras 5 años, se plantea la posibilidad de recuperación de una competencia perdida. Se garantiza así el ejercicio de una competencia de origen municipal, cuando su prestación al ciudadano sea sostenible.

6.- Garantías de financiación. La delegación de competencias dejará de ser visto como un problema para convertirse en una solución. Al reforzarse el papel de los municipios frente a otras administraciones, se ofrece un efecto fortalecedor para la Administración Local, cual es el de incorporar una cláusula de triple garantía: 5 años con financiación asegurada por ley y con un mecanismo de compensación automática de deudas vencidas. De esta manera, se asegura una financiación estable para el municipio durante un tiempo determinado.

7.- Mayor transparencia y calidad de los servicios. La exigencia de una mayor transparencia y una gestión basada en los resultados debe asegurar la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos desde cualquier ente territorial, también, en las mancomunidades y las entidades locales menores. Estas se someten al mismo proceso evaluador que tienen los municipios y al mismo tiempo se les requiere la misma transparencia y control en el envío de la información económico-financiera que a los municipios. El compromiso con la transparencia y la evaluación en la gestión será su garantía de continuidad.

8.- Municipalismo al servicio de los ciudadanos. La actuación pública es ante todo un servicio al ciudadano que debe prestarse con la máxima transparencia y rigor en la gestión de los recursos que éste pone a disposición de sus gestores políticos. La regulación anual del régimen retributivo a través de los Presupuestos Generales del Estado; el número de los miembros de las Corporaciones Locales; las retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público local y el número máximo y cualificación de miembros de los órganos de gobierno; el número máximo de personal eventual con cargo al presupuesto de la Administración local; y la profesionalización del personal directivo de las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, son medidas que permitirán adaptar y evaluar de manera periódica la estructura de los órganos de administración, gestión y dirección política local. Una vocación de servicio y de rendición de cuentas que permite que la actividad local pueda ser medida y valorada de una forma transparente por los ciudadanos.

9.- Sector público reducido y eficiente. El redimensionamiento del sector público local y la regulación jurídica de los consorcios, permitirán dar respuesta a las recomendaciones efectuadas en la materia por el Tribunal de Cuentas del Reino de España y así poder regular, controlar y evaluar el sector público empresarial. Esta medida permite incorporar la información necesaria para evaluar la actividad empresarial de la Administración local.

10.-Cooperación entre administraciones. Se refuerzan los mecanismos de colaboración y control entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y la Administración Local. Se cumple con el compromiso incluido en el programa electoral del Partido Popular, al recuperar las funciones que venían prestando los Interventores y los funcionarios con habilitación de carácter nacional antes de la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, al mismo tiempo que se regulará anualmente su régimen retributivo básico y complementario fijando un límite máximo total por todos los conceptos retributivos en los Presupuestos Generales del Estado.

También queremos destacar los últimos pasos dados por el Gobierno para aliviar la situación económica y de gestión de las Corporaciones Locales, especialmente: el Plan de Proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómico o las reformas introducidas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado durante la tramitación de los PGE 2013, que mejoran sustancialmente los problemas de liquidez de las tesorerías municipales facilitando y garantizando la sostenibilidad y la prestación de los servicios públicos locales.