El tratado de la unión y la discordia

Los estudios no se ponen de acuerdo sobre los beneficios económicos de un tratado que es casi imposible que esté listo para finales de 2015 como se esperaba. Según la Comisión Europea, el TTIP permitirá un aumento del PIB de la UE de un 0,5%, aunque algunos estudios lo elevan hasta el 1% en una década. En el caso de España, hay trabajos que cifran una creación de 150.000 empleos en diez años. Sin embargo, un estudio de la Fundación Austriaca de Investigación para el Desarrollo (OFSE), presentado en el Parlamento Europeo, que evalúa los distintos trabajos realizados sobre el impacto del tratado concluye que "las ganancias económicas serán limitadas".

Uno de los puntos más controvertidos es la cláusula sobre Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) que permite a los inversores llevar a los Estados ante un tribunal de arbitraje internacional. Estos mecanismos se utilizan sobre todo en países en desarrollo para proteger a los inversores de medidas desproporcionadas y unilaterales de los gobiernos, como por ejemplo, expropiaciones o nacionalizaciones. Los partidarios del tratado aseguran que estos tribunales internacionales son muy comunes. De hecho, el Gobierno recuerda que España tiene firmados 72 Acuerdos de Promocion y Protección Recíproca de Inversiones. "Los fallos de los tribunales de arbitraje no han sido demasiado negativos con los Estados, que solo pierden un tercio de las demandas", asegura Ángel Saz, director de ESADEgeo.

Sin embargo, algunos colectivos alertan de los riesgos que pueden acarrear estos mecanismos. "No hablamos de derecho internacional, sino de arbitrajes privados como formas subsidiarias de resolver un conflicto", recalca Ignacio Muro, profesor de la Universidad Carlos III y miembro del colectivo Economistas Frente a la Crisis. Este experto asegura que esta medida supone equiparar a las multinacionales con los Estados. En su opinión, estos tribunales buscan "la traslación al derecho de la defensa del libre mercado frente a la libertad de los pueblos". En este sentido recuerda casos como el de la multinacional francesa Veolia, que denunció a Egipto por considerar que el aumento del salario mínimo perjudicaba sus ingresos. Desde la Secretaría de Estado de Comercio de España consideran que este tipo de situaciones son "extremas" y recuerdan que todavía no se ha producido una sentencia que dé la razón a la empresa. Sin embargo, algunos países europeos no se muestran tan partidarios de este tribunal. Es el caso de los parlamentos de Francia y Holanda, que aprobaron una moción contra la ISDS por considerar que socava la soberanía nacional.

Pero el tratado va mucho más allá de los tribunales de arbitraje. Otra apuesta importante tiene que ver con la participación de las empresas de ambas regiones en las licitaciones de obras públicas. En este caso, la UE tiene una política más liberal y ya permite a las compañías estadounidenses optar en igualdad de condiciones que las locales. Sin embargo, en EE UU permanece la denominada ley 'Buy America', que da prioridad a las empresas nacionales. Una normativa ante la que el Gobierno de Obama no parece dispuesto a ceder fácilmente. Más polémica genera todavía la posible armonización de las regulaciones alimentarias. Y es que en EE UU son legales los productos transgénicos y las carnes hormonadas. Desde la Comisión Europea se ha señalado esta materia como una línea roja infranqueable, sabedora del rechazo que genera en los consumidores europeos este tipo de productos.

"Los tratados de comercio son buenos para la sociedad, pero tienen ganadores y perdedores", resume Javier Díaz-Giménez, profesor de IESE School. Este experto reconoce que el tratado "supondrá despidos y cierre de las empresas menos competitivas, al tiempo que surgirán otras y nuevas contrataciones". En su opinión, el tratado va a favorecer la especialización, reducir los precios e intensificar los intercambios comerciales.

La falta de transparencia tampoco ha ayudado a tranquilizar a la opinión pública. Una opacidad que ha empezado a reducirse con la nueva comisaria de Comercio, Cecilia Malström. Las palabras apaciguadoras de esta responsable, sin embargo, no tranquilizan a los detractores del tratado. "No nos fiamos de sus promesas. La política comercial siempre ha primado sobre el resto de políticas", asegura Luis Rico, portavoz de la plataforma No al TTIP. Este activista recuerda que se han recogido más de 1,5 millones de firmas en diez Estados de la UE contra este acuerdo. El juego de equilibrios continúa.