El Gobierno busca un 'plan B' para no renunciar al rescate de las autopistas de peaje

Agotará los recursos en vía judicial para evitar que entren en liquidación las primeras infraestructuras en riesgo de quiebra.

José Antonio Bravo

26/02/2015
Actualizado a las 21:56h.

El Gobierno trata de apurar sus opciones de mantener el plan promovido por el Ministerio de Fomento para rescatar a las autopistas de peaje en riesgo de quiebra. La negativa del Juzgado de lo Mercantil número 2_a aceptar su proyecto para la AP-36 ... Ocaña-La Roda, una de las ocho vías en peligro –la autopista Alicante-Cartagena ya se desvinculó semanas atrás pactando con la banca acreedora–, ha supuesto un jarro de agua fría para la ministra Ana Pastor. Este jueves se limitó a señalar que tratarán de agotar las vías de negociación, “trabajando en esa línea como una hormiguita, poco a poco”.

Desde su departamento, no obstante, anunciaron que recurrirán la decisión judicial de iniciar el proceso de liquidación de la AP-36. Igualmente, presentarán en el Juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid un escrito de subsanación de errores de su plan, inicialmente desestimado por «defectos de legalidad» para las radiales R-3 y R-5. A su vez, el ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo que el Gobierno se inclinará al final por aquella solución que suponga menos coste para el contribuyente, mientras que algunas constructoras afectadas (como OHL y Ferrovial) mostraron su confianza en llegar a un pacto “satisfactorio para todas las partes” este mismo año.

En caso de quiebra de las ocho vías implicadas, la patronal estima un coste de 5.000 millones para el Estado, que el Ejecutivo reduce a 3.300. Y es que tras una reforma legal aprobada a principios de 2014, a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) que se activaría tras la liquidación habría que restar el coste de las indemnizaciones por la expropiación de los terrenos donde se construyeron las autopistas. La cantidad final aún está pendiente de resolver por el Tribunal Supremo, aunque estaría entre los 2.300 y los 2.500 millones frente a los 400 que estimó el gobierno de la época.

Este escenario no ha llegado aún, aunque cada semana que pasa parece más cercano y probable. La negociación a tres bandas (Gobierno, constructoras y concesionarias, además de banca acreedora) parece encontrarse en un punto muerto de difícil solución y el principal problema es dar salida a la deuda en manos de entidades financieras extranjeras. Y las últimas resoluciones judiciales tampoco ayudan a ello.

Sobre un pasivo cercano a los 4.600 millones que arrastran las autopistas de peaje en riesgo de quiebra, a la banca le corresponden cerca de 1.300 millones. Tras la quita del 50% que Fomento aplicaría a toda la deuda -es la base de su propuesta, ya formalizada en octubre-, se quedarían en cerca de 650 millones.

Una patata caliente

Su pretensión era que la banca nacional asumiera esa parte, que se le pagaría a través de un bono a 30 años con un interés equivalente al del bono español a ese plazo, que ronda el 2,5% en la actualidad. El resto de la deuda pendiente tras la quita tendría un tipo del 1% anual.

A las entidades españolas, sin embargo, ambas referencias les parecen bajas, sobre todo a la vista de que la recuperación de la economía ha ido abaratando los intereses que abona el Estado por sus emisiones y, por tanto, el que se les aplicaría a ellas.

Por eso, buscan una compensación extra aún por concretar, fundamentalmente para la patata caliente que asumirían de la banca extranjera y también para el crédito que adelantaran a Fomento -en concreto, a la nueva Empresa Nacional de Autopistas (ENA) que se crearía o, en su defecto, a la actual Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA)-.