Los controladores amenazan con paros en octubre si la negociación con AENA no avanza

El operador de Navegación Aérea, ahora denominado ENAIRE, denunció en octubre de 2013 el II convenio colectivo -dictado mediante el laudo arbitral de Manuel Pimentel emitido el 28 de febrero de 2011- con el objetivo de negociar este año un nuevo convenio y llegar a un acuerdo antes del 24 de octubre.

La negociación entre ambas partes se bloqueó en un primer momento, según USCA, ante la negativa de ENAIRE a reconocer la ultraactividad indefinida del II convenio colectivo que recoge el laudo. USCA considera que la vigencia del laudo es indefinida hasta que no se firme un nuevo convenio, dado que la reforma laboral fue posterior al dictamen de Pimentel.

De no llegarse a un acuerdo antes de esa fecha, con la legislación laboral en la mano, se aplicaría el estatuto de los trabajadores o los convenios sectoriales por los que se rigen los trabajadores de las 13 torres de control liberalizadas.

ENAIRE ha planteado ahora al colectivo «buscar vías» para prolongar más allá de esa fecha la negociación, según el sindicato.

Fuentes del ente, consultadas por Europa Press, confirmaron que la negociación «sigue abierta», pero evitaron dar detalles para no perjudicar la evolución de las conversaciones.

Ante este nuevo escenario, el comité ejecutivo de USCA ha decidido posponer la decisión de una convocatoria de huelga, que debía decidirse ayer, al próximo lunes 29 de septiembre, a la espera de que ENAIRE la materialice de «forma fehaciente» y evolucione la negociación.

En caso contrario, será la mayoría de los afiliados al sindicato, que representa al 70% del colectivo, la que decida llevar a cabo o no los paros cuando se reúna su asamblea nacional el próximo 2 de octubre. En cualquier caso, se trataría de paros parciales de cuatro horas en franjas horarias (mañana y tarde).

Dicha asamblea ya autorizó a USCA a convocar una huelga en agosto ante una negociación que parecía bloqueada, si bien se decidió evitar su coincidencia con el verano y la temporada alta turística. De llevarse a cabo, si la negociación no avanza será la primera convocatoria de huelga como tal del colectivo en 25 años.

Los controladores y ENAIRE no logran acercar posturas en los dos principales escollos de la negociación, en cuya mesa también está representado el Sindicato Independiente de Controladores Aéreos (SPICA).

La jornada laboral, que el ente quiere fijar en 1.690 horas anuales, y la masa salarial del colectivo, para la que el ente plantea una rebaja adicional del 20% enfrenta de nuevo a ambas partes. En 2010 los controladores vieron reducido su sueldo en un 40% de los 750 millones a los 480 millones.

«Se están cumpliendo los objetivos, Navegación Aérea cuenta con un beneficio de explotación de 80 millones en el último ejercicio y España es el segundo país con la tasa de control más barata entre los cinco grandes proveedores, por lo que pedimos a la compañía que deje de estrangular a los trabajadores », señalan desde el sindicato.

USCA, que asegura que la masa salarial del colectivo ya se ha reducido más de un 20% en términos reales, planteó una congelación salarial y ante previsibles nuevos incrementos de tráfico, por tanto más ingresos, redistribuir ese remanente por concepto de productividad entre el colectivo.

En cuanto a la privatización de Aena, los controladores se muestran preocupados si esto supone «a medio plazo» ampliar el número de torres liberalizadas, lo que podría provocar un incremento de los costes de Navegación, precisamente cuando se buscaba reducir costes laborales.

La plantilla actual asciende a 2.294 controladores, incluidas las licencias especiales retribuidas, conocidas como LER, que permiten la prejubilación a los 57 años con el 75% del salario tomando como base el doble de la pensión máxima, y los RA (en reserva activa). Para 2015, la previsión es que alcancen los 2.280 efectivos.

La liberalización de las torres de control propició, según USCA, la entrada de 200 nuevos controladores,una cifra similar al volumen de jubilados, por lo que en los últimos cuatro años la plantilla es similar e «insuficiente», sin previsión de convocatorias de nuevas plazas. «A igual número de controladores, igual masa salarial», defienden.

Ante el rechazo de la compañía a su propuesta, propusieron una reducción del 20% de la masa salarial con respecto a 2010 y su congelación en 2014 hasta la vigencia del futuro convenio en 2019.

Además, los controladores plantearon una reducción progresiva de la jornada laboral en cinco años hasta un nivel similar al resto de países de Europa (media 1.400 horas), lo que «evitará alcanzar el máximo de 80 horas extras» y permitirá renovar la «elevada» media de edad del colectivo (47 años).

No obstante, según el sindicato, tan solo se han llegado a acuerdos en cuestiones como el régimen disciplinario, el sistema de promoción profesional o en riesgos laborales.

Actualmente, las condiciones laborales de los controladores se rigen por el II convenio colectivo, dictado mediante el laudo arbitral, que entró en vigor en marzo de 2011 y puso fin a más de un año de conflicto entre AENA y USCA.

El laudo fijó la jornada máxima aeronáutica en 1.670 horas anuales, frente a las 1.711 horas que se venían haciendo, que se redujeron a 1.595 horas en 2013 aunque que pudiendo ampliarse en 20 horas para actividades de formación. Asimismo, se estableció un máximo de 80 horas extraordinarias anual.

Para el periodo 2011-2013, se fijó una media salarial para los CTA de 200.000 euros al año y un salario al menos equivalente al percibido en 2010 para los controladores no operativos.

De llevarse a cabo, serían los primeros paros convocados en 25 años. La última convocatoria de huelga de controladores fue en 1989 cuando el colectivo, ya civil, protestó por la regulación de su integración en la Administración para dejar de depender de la autoridad militar, tras varias huelgas de celo.

El acuerdo entre USCA y el Ministerio de Transportes sobre una jornada laboral de 1.200 horas anuales propició la desconvocatoria de los paros. En 1999 entró en vigor el I convenio colectivo, en el que se cedía la organización laboral a los trabajadores, manteniendo las 1.200 horas anuales, aunque se pactó posteriormente una prolongación de jornada.

A principios de 2010, el conflicto se recrudece con el detonante de la aprobación de un decreto ley que devolvía al ente la capacidad de gestión y control del tráfico aéreo y de un Real Decreto que limitaba su jornada laboral.

Su aprobación derivó en el cierre del espacio aéreo a raíz de las bajas causadas por controladores en sus puestos los días previos al puente de diciembre de 2010, lo que obligó al Ministerio de Fomento, liderado entonces por José Blanco, al cierre del espacio aéreo -con 16.000 pasajeros afectados-. El Gobierno decretó el estado de alarma por primera vez en España.

En 23 juzgados de toda España se abrieron causas contra los controladores por el supuesto «plante», 21 ya archivadas. Quedan pendientes de resolución las causas abiertas en Madrid -donde el juez ve indicios de delito de sedición para 113 controladores aéreos y ocho miembros de la junta directiva de USCA- y Barcelona.