Las empresas siderúrgicas llevan a los tribunales la reforma energética

La interrumpibilidad es un mecanismo mediante el cual las empresas que son grandes consumidores de electricidad, como las siderurgias, cementeras, químicas y electrolíticas , tienen un descuento en su factura eléctrica de entre 20 y 35 euros/MWh a cambio de que paren o modifiquen su producción -es decir, su enorme consumo eléctrico- si se registra algún problema en el sistema eléctrico nacional.

Unesid recuerda que, al igual que otras industrias electro-intensivas, la siderurgia presta un servicio al sistema eléctrico mediante la modulación de su consumo, centrándolo en lo posible en los periodos de menor demanda (noches y fines de semana), y ofreciendo sus instalaciones para garantizar la operación de la red mediante la opción de interrumpir su consumo. Este servicio, «que ha requerido a la industria siderúrgica cuantiosas inversiones económicas y grandes cambios organizativos, viene funcionando a plena satisfacción del sistema eléctrico desde hace muchos años. En contraprestación al servicio, las empresas obtienen una remuneración adecuada y proporcional».

Sin embargo, esa remuneración bajará en unos 200 millones de euros en 2014, según la patronal siderúrgica, que en este caso ha estado asesorado por el despacho Ramón y Cajal y por KPMG. Industria calcula que la interrumpibilidad sumará este año 750 millones de euros. No obstante, el alcance de la reforma no se conoce aún, pues aún no se ha fijado el mecanismo de las subastas que determinarán ese descuento.

El sector siderúrgico exporta anualmente productos por valor de más de 8.000 millones de euros y mantiene -entre empleo directo e indirecto- más de 60.000 puestos de trabajo, siendo uno de los pilares básicos de nuestra industria nacional. «Las fábricas españolas del sector, consideradas entre las más competitivas de la Unión Europea, han realizado ya un ajuste máximo de su estructura de costes y de producción ante la crítica situación de crisis económica y financiera que sufre el país. Ese fuerte proceso de ajuste ha incluido reducciones salariales, acordadas con los representantes de los trabajadores, cuyos efectos han sido ya sobrepasados por el aumento de la factura eléctrica como consecuencia de los cambios regulatorios», afirma el director general de Unesid, Andrés Barceló.

Por último, subraya que la industria siderúrgica «ni quiere, ni solicita subvenciones, ni ayudas, ni aquí ni en ningún otro sitio. La siderurgia española simplemente necesita y demanda costes energéticos homologables con los de otros países, que le permitan mantener la competitividad exterior. Esta necesidad se agudiza en un momento en que las empresas siderúrgicas españolas luchan por sobrevivir; no se trata de una reducción en los beneficios, se trata de ser o no ser, de mantener o no la actividad industrial y su empleo asociado».