El Ecofin allana el camino para que los jefes de Estado cierren la unión bancaria

Después de dos reuniones entre los responsables de los cuatro países principales de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España), el viernes y el lunes después del Eurogrupo, los ministros tienen ya claro que cualquier solución que se acuerde para decidir qué autoridad se hará cargo del mecanismo único de resolución necesitará de un complicadísimo trabajo de encaje en materia jurídica, para que no haya contradicciones con el hecho de que hay países que no están en el euro pero forman parte de las instituciones europeas que tendrán que intervenir de un modo u otro. Justo lo contrario de lo que ha pedido en Bruselas Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. «Urgimos a que las medidas que se adopten» para diseñar el mecanismo único de resolución bancaria «sean fáciles, eficaces, y reflejen un sistema predecible , consistente y coherente».

Pero, como dijo Luis de Guindos a la salida, «la resolución bancaria es mucho más compleja que la supervisión» y aunque hay un acuerdo entre los principales países sobre el resultado final del proceso, otros «han pedido tiempo» para tomar una decisión.

Los ministros llegaron a Bruselas precisamente con esa idea de conseguir un acuerdo político para lanzar el mensaje claro de que en el futuro, en caso de que las instituciones financieras vuelvan a tener problemas, eso no tendrá consecuencias sistémicas, ni provocará que los contribuyentes tengan que hacerse cargo de la cuenta. Qué autoridad decide cuando un banco debe cerrarse y quien pondrá el dinero para la voladura controlada de una entidad no viable son las preguntas que el acuerdo del Ecofín debe responder. A largo plazo habrá un fondo único de resolución que no dependerá de los estados , aunque en un periodo transitorio de al menos diez años (hasta que el sector se haga con esta reserva de capital) seguirán siendo los estados los que asumirán el coste, en una proporción decreciente. Aunque esto atrasa hasta más allá de 2025 la puesta en marcha completa de la unión bancaria, permite que el proceso empiece después de las pruebas de esfuerzo de os bancos que llevará a cabo el BCE el año que viene.

Francia ha tenido que ceder y aceptar que si sus bancos tienen problemas deberá hacerse cargo de los mismos, pero también ha logrado que paulatinamente pueda ir aplazando las malas noticias, conforme entre en vigor el mecanismo. Alemania puede decir a sus contribuyentes que no tendrán que pagar por ello.

La clave de todo está, sin embargo, en lo que cada gobierno sabe -y calla- sobre la salud de sus propios bancos y la posibilidad de que alguno aparezca en la lista de los que deben cerrarse. Y en este capítulo, España es de los pocos que puede respirar tranquilo, porque ya ha pasado por esto.