Las claves del conflicto entre Almunia y el sector naval

La resolución comunitaria obligará a armadores e inversores a devolver casi 3.000 millones de euros en ayudas recibidas entre 2005 y 2011. Los 19 astilleros afectados señalan que la medida les empuja al cierre

Las claves del conflicto entre Almunia y el sector naval efe/Salvador sas

j. t.

28/06/2013
Actualizado a las 19:36h.

—¿Qué es el «tax lease»?

Es un modelo de financiación que permitía a armadores e inversores del naval acogerse a bonificaciones fiscales de hasta un 30% en la construcción de buques. El sistema estuvo vigente en España entre 2002 y 2011, año en el ... que la Comisión lo declaró ilegal. El Gobierno reformó el modelo y el nuevo «tax lease», con menores deducciones fiscales, fue validado por Bruselas en noviembre de 2012 .

—¿Por qué Bruselas pide la devolución de las ayudas?

Astilleros de Holanda, Noruega, Portugal y Finlandia denunciaron el anterior «tax lease» español por, en su opinión, atentar contra la libre competencia. Si bien la anterior comisaria de Competencia (y actual vicepresidenta de la CE), la holandesa Neelie Kroes, negó en 2009 que el sistema nacional fuera discriminatorio, su sucesor en el cargo, Joaquín Almunia, reabrió la investigación en 2011 y ahora pretende que se devuelvan el 95% de las ayudas percibidas entre 2005 y 2011: cerca de 3.000 millones .

—¿Afectará la resolución a los astilleros?

Almunia ha señalado en repetidas ocasiones que la devolución de estas bonificaciones fiscales deberán ser afrontadas por armadores e inversores. Sin embargo, los astilleros alegan que la mayor parte de los contratos firmados les obligan a a reembolsar las pérdidas a sus financiadoras en caso de incidente. Si bien el comisario apuntó ayer que el derecho europeo se impone a los acuerdos entre partes, el sector recuerda que los procesos judiciales pueden demorarse años y que esta incertidumbre se traduce en pérdida de contratos, inseguridad para los financiadores y cierre de astilleros .

—¿Cuál es el impacto de la medida?

Desde los 19 astilleros señalan que la resolución les lleva a la quiebra y pone en peligro 86.000 empleos directos e indirectos según el sector. Las comunidades más afectadas son Galicia (8 astilleros), País Vasco (5), Asturias (3), Cantabria (1), Baleares (1) y Canarias (1).

—¿Qué ocurrió en otros países?

Bruselas declaró ilegal el sistema de ayudas al naval francés en 2006 tras haber sido denunciado también por Holanda. Sin embargo, en este caso no reclamó la devolución de las ayudas amparándose en los principios de confianza legítima y seguridad jurídica. Con esa premisa, la Comisión tampoco exige las ayudas del «tax lease» español firmadas con anterioridad a 2005, pero sí las posteriores.