Primer rejón a la Ley de Emprendedores

En su apartado de observaciones generales, el informe advierte en primer lugar de que el objeto de la norma "resulta confuso", porque incluye tanto medidas de apoyo a los emprendedores propiamente dichos -personas físicas que inician una actividad económica- como disposiciones destinadas a facilitar "el desenvolvimiento de la actividad empresarial en general". El anteproyecto considera emprendedor a toda "persona física o jurídica que desarrolle una actividad económica productiva", cuando a juicio del CES, solo puede calificarse como tal "a las personas físicas, y sólo en la fase inicial del proyecto empresarial".

Esta "falta de rigor" en la definición del objeto de la norma y de su ámbito de aplicación "explica la falta de coherencia sistemática" del anteproyecto, que mezcla "de manera inconexa" las medidas dirigidas a propiciar el inicio de actividades empresariales con la orientadas "a facilitar el desarrollo de las que ya están en marcha". El órgano consultivo entiende que la norma debe apoyar a los emprendedores "independientemente de la fórmula empresarial adoptada", por lo que "no se comprende la exclusión (.) de las cooperativas y sociedades laborales".

En general, el dictamen considera que el enunciado de los distintos apartados incluidos en la norma "no se corresponde con su verdadero alcance, unas veces mucho más limitado y otras de forma más extensa". En concreto, alude a títulos como el de 'Apoyo a la financiación de los emprendedores', un aspecto manifiestamente mejorable a juicio de las principales asociaciones de autónomos y empresarios. Así, el CES "echa en falta" la inclusión de disposiciones que, "teniendo en cuenta el contexto actual de profunda crisis económica, se dirijan a paliar la restricción del crédito que sufren las empresas españolas". En ese sentido, propone medidas "que impulsen los microcréditos, los fondos de capital semilla, los préstamos participativos, o el refuerzo del papel de la Sociedades de Garantía Recíproca".

El órgano consultivo también destaca "la ausencia de disposiciones de índole social", y en concreto de normas que tengan en cuenta la situación de desventaja en la que, a su juicio, se encuentran las mujeres a la hora de desarrollar una iniciativa empresarial, o que "discriminen positivamente" a las personas discapacitadas. Además, el anteproyecto de la Ley de Emprendedores "tampoco contempla las especificidades" de las actividades empresariales con base tecnológica.

Agilización de trámites

De modo más específico, el CES "aplaude" las mejoras técnicas que introduce el anteproyecto respecto a la puesta en marcha de nuevos negocios -se podrá crear uno en apenas 48 horas y de forma telemática-, aunque ve necesario especificar qué trámites podrían suponer algún coste para el emprendedor. El órgano consultivo también "comparte" el objetivo de fomentar los acuerdos extrajudiciales de pagos con los acreedores, aunque advierte de que "difícilmente se podrá facilitar dicho objetivo si se mantienen para el emprendedor las tasas judiciales interpuestas por la Administración Concursal".

El CES considera en su informe que la futura ley no es el ámbito "más adecuado" para contemplar los aspectos relacionados con el fomento de la internacionalización de la actividad de las empresas y, "menos aún" con la movilidad de las personas extranjeras.