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Díaz Ferrán entregó a su testaferro Ángel de Cabo 18 coches de lujo

Día 15/02/2013 - 18.43h
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Un Ferrari, un Rolls, dos Bentley y seis Mercedes, parte del botín del liquidador de Marsans

El liquidador valenciano Ángel de Cabo, en prisión por el vaciamiento patrimonial de Viajes Marsans, ocultó a los acreedores de la empresa de Gerardo Díaz Ferrán dieciocho turismos cuyo valor a precio de concesionario ronda los 1,9 millones de euros.

Según un informe de la UDEF incluido en el sumario de la operación Crucero, De Cabo puso a nombre de sus empresas o de sus testaferros la lujosa flota propiedad del expresidente de la patronal y de su socio, Gonzalo Pascual, ya fallecido: un Ferrari, un Rolls-Royce, dos Bentley, seis Mercedes, cinco Toyota, un Mitsubishi, un Renault y un Seat.

El vehículo de mayor valor es el Rolls-Royce Phantom de 500.000 euros que Díaz Ferrán compró a nombre de su sociedad patrimonial, Inversiones Grudisan. Esta empresa también era dueña de un Bentley Continental de 200.000 euros que Díaz Ferrán había comprado en 2010 a Arturo Fernández, el actual vicepresidente de la patronal, que está a punto de dejar el cargo tras acusaciones de pagar a sus empleados con dinero negro. El segundo Bentley Continental que terminó en manos de Ángel de Cabo pertenecía a María Ángeles de Riva, la esposa de Gonzalo Pascual.

Paseando en Ferrari

Otra joya de cuatro ruedas de este parque automovilístico es el Ferrari 612 Scaglietti Sessanta, una edición especial valorada en más de 300.000 euros que conducía Gerardo Díaz Santamaría, el hijo del expresidente de la patronal. De Cabo lo puso a nombre de una sociedad pantalla, Proezza Grupo Inversor. Varios testigos han declarado en la Audiencia Nacional que quien pasó a usar este deportivo italiano es el también encarcelado Iván Losada, mano derecha de Ángel de Cabo.

En la media docena de Mercedes encontramos desde lujosos todo terreno de más de 100.000 euros, como un GL500, y varias berlinas de las exclusivas gamas «S» y «E» de la marca alemana. El empresario valenciano también se agenció exclusivos 4x4 japoneses, entre ellos dos Toyota Land Cruiser, dos Toyota Hilux y un Mitsubishi Montero, vehículos cuyo precio oscila entre los 30.000 y los 60.000 euros. Completan el listado una furgoneta Renault Trafic y un Seat Ibiza, esto sin contar los autobuses de Marsans que De Cabo transfirió a otras empresas.

El también liquidador de Nueva Rumasa es un apasionado de los vehículos de gran cilindrada. Según la declaración policial de un testigo que trabajaba para él, «una de las primeras cosas que hace cuando entra en una empresa nueva es llevarse los vehículos de alta gama, con la excusa de decirle a los empresarios que no es bueno que vayan con esos coches si deben el pago de nóminas y a los proveedores».

La mayor parte de los vehículos se puso a nombre de Munari Negocios, una supuesta firma de alquiler de coches que, en realidad, estaba administrada por testaferros de Ángel de Cabo. Había coches que Díaz Ferrán había adquirido en régimen de «leasing», como el citado Ferrari, pero el liquidador nunca pagaba las cuotas. Disfrutaba los vehículos hasta que el juzgado conseguía arrebatárselos, un proceso muy lento por los sucesivos cambios de titular. En ocasiones se buscaba la figura de un falso «tercero de buena fe», que compraba el coche sin saber, en teoría, que estaba embargado, aunque en realidad se trataba de un testaferro de Ángel de Cabo.

Díaz Ferrán también entregó a De Cabo su yate, el «Lequar III», una embarcación de 3,5 millones de euros que, pese a estar embargada, intentaron vender cambiándole el nombre, como reveló ABC el pasado diciembre. De Cabo prometió a los dos empresarios pagarles ocho millones de euros en mensualidades de cien mil a cambio de quedarse con todo lo que pudiera hurtar a los concursos de acreedores.

La investigación policial ha confirmado la denuncia del grupo de empresas representadas por el letrado Daniel Jiménez, socio del bufete Ashurst: «Gerardo Díaz Ferrán ha llevado a cabo un deliberado, sistemático, doloso y perfectamente planificado proceso de alzamiento y ocultación apresurada de sus bienes personales».

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