Las verdaderas cifras de los desahucios

Unas conversaciones que, por cierto, surgieron en torno a la cifra que deslizó a la luz pública el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): c erca de 400.000 ejecuciones hipotecarias en España desde 2007 hasta el primer semestre de 2012. Una cifra que ha generado mucha más polémica de la inicialmente prevista tras el caso del suicidio de una mujer en Baracaldo, a la espera de ser embargada. D esde bancos y cajas se insistió entonces en la necesidad de explicar que se trataba de una cifra global , no desglosada, de entidades financieras, sin especificar si incluía los casos que se ejecutan desde la Hacienda pública, y que engloba los desahucios vinculados a locales, primera y segunda vivienda, establecimientos industriales o comerciales, garajes y trasteros.

«Las cifras de desahucios de primera vivienda por deudas hipotecarias son mucho menores», señalaba en COPE el pasado viernes el subsecretario de Economía y Competitividad y coordinador del grupo de trabajo sobre desahucios, Miguel Temboury, que cifraba entre 4.000 y 15.00 0 el número desahucios de primera vivienda, cuyo acreedor era el banco, en los últimos cuatro años.

Mientras, según confirmaban fuentes financieras a Empresa, de esas cifras, en el último año, de septiembre de 2011 a igual mes de 2012, unos 1.400 deshaucios correspondían a bancos, y unos 1.100 a cajas. Y de estos 2.500 casos, aproximadamente el 95% están ya renegociados o reestructurados con el cliente. Por lo que el desalojo de la vivienda, según las mismas fuentes financieras, son casos que se pueden considerar «residuales».

Unos datos que pidió el propio Gobierno hace varios días al sector para poner en marcha las medidas que finalmente se aprobaron el jueves con el objetivo, sobre todo, de proteger a aquellas personas socialmente más vulnerables y que están más expuestas a los efectos de la crisis económica. Así, el Gobierno a nunciaba un paquete de medidas que permitirá paralizar los desahucios durante dos años a las familias con bajos ingresos (un máximo de 19.164 euros al año) y en situaciones extremas, como estar en paro, contar con hijos pequeños, dependientes o minusválidos. Además, anunciaba la creación de una bolsa con una parte de las viviendas que tiene adjudicadas la banca, para que pueda destinarse a alquileres sociales con bajos precios para familias desahuciadas.

Desde la oposición llegaron pronto las críticas, ya que tal y como reconocen fuentes del Gobierno, el PSOE proponía una reforma muy profunda, de diversas leyes «muy trascendentales» del ordenamiento jurídico como la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley Hipotecaria, algo que, según las mismas fuentes, requiere «mucha reflexión y sosiego». «No es un parche, es un Decreto Ley con medidas de urgente necesidad, no es el vehículo más adecuado para modificar leyes importantes, esas reformas se podrán abordar durante la tramitación en el Congreso», afirmaba Temboury.

Desde bancos y cajas la respuesta ha sido inmediata. Primero, cuando se les pidió suspender la ejecución hipotecaria de vivienda habitual de colectivos especialmente vulnerables, durante los próximos dos años y, después, apresurándose a explicar que era una práctica, en cualquier caso, que ya se cumplía. El subsecretario de Economía, preguntado por la implicación de los bancos en este asunto, afirmaba que conviene no olvidar que en España existe una «cultura de pago», algo que es «muy importante y que hay que preservar». Por tanto, la nueva ley irá en la línea de asegurar tanto los intereses del ciudadano como la de las entidades y sus depositantes.

Y las cifras están ahí para constatar las palabras: Sólo el 3% de la cartera hipotecaria de los bancos está en curso de morosidad , una tasa muy baja que urge preservar, por lo que, la nueva normativa, no debería inducir a la cultura del impago. «El que recibe un préstamo tiene que pagarlo», aseguró el subsecretario de Economía.

La principal crítica contra la reforma para frenar los desahucios se refiere a su corto alcance, lo que ha llevado a numerosos medios a apuntar directamente a Bruselas como principal obstáculo para una medida más ambiciosa. Sin embargo, estas afirmaciones se han negado con rotundidad por el portavoz comunitario de Asuntos Económicos y Monetarios, Simon O’Connor . «Quiero dejar claro que son absolutamente falsas las informaciones que indican que la Comisión Europea ha ejercido de alguna manera presión sobre las autoridades españolas en el diseño de las medidas adoptadas ayer para evitar el desahucio en el caso de hogares vulnerables», declaraba.

Las entidades han coincidido todas en señalar a Empresa que el desahucio siempre es la última opción por la que optan y, de hecho, explican al detalle las diversas soluciones que aplican siempre a cada afectado. En unos casos, la mayoría, se amplía la vigencia de la hipoteca para disminuir la cuota. En otros, se ofrece un periodo de carencia en la amortización de capital o se llega a acuerdos para que se abonen pagos parciales, de acuerdo con la capacidad de cada deudor. Una vez adjudicado el bien, se puede llegar al alquiler social con opción de compra futura, computando el alquiler en el pago final.