Sigue el tira y afloja por los llamados Papeles de Salamanca y la Generalitat ha anunciado este miércoles su intención de impugnar el acuerdo tomado hoy de no retornar la totalidad de los documentos confiscados en Cataluña durante la Guerra Civil y depositados en el Archivo de Salamanca, mediante la interposición de un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha hecho este anuncio durante una rueda de prensa en la que ha afirmado contundente que no aceptará ningún «chantaje» y que el Gobierno está incumpliendo con este acuerdo su propia ley, «lo que es enormemente grave», informa Efe. El Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), con sede en Salamanca, ha aprobado hoy, en una reunión que ha celebrado en Madrid, el que será el último envío a Cataluña de documentos relacionados con la Guerra Civil y la República. Se restituirán así próximamente a la Generalitat diversos documentos, si bien en un volumen inferior al solicitado inicialmente por el ejecutivo catalán.

En concreto, se trata de 238 cajas, 350 libros, 10 carteles, dos láminas, tres mapas y planos, cuatro banderas, diez panfletos y ocho tarjetas postales, cuando inicialmente, la Generalitat había pedido 546 cajas, 4.139 libros, 259 carteles, 20 láminas, 14 mapas y planos, 10 banderas, 363 panfletos y 101 tarjetas postales

«Se trata de una decisión extraordinariamente grave, de bajeza democrática, de calidad de vida democrática. Esto, a mi entender, ratifica que los mecanismos estatales son jerárquicos y autoritarios. Esto es inadmisible», ha asegurado Mascarell.

A su juicio, el Estado, según lo acordado por ley en 2005, «debe transferir a la Generalitat los documentos, fondos documentales y otros efectos, confiscados a Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado» con residencia en Cataluña.

Ha recordado que, a pesar de una sentencia del Tribunal Constitucional de enero de 2013 sobre la propiedad de los documentos, en la última reunión de la Comisión Mixta, celebrada el 4 de marzo de 2013, no se acordó modificar el procedimiento «en ningún caso». «Con esta decisión que hoy hemos conocido -ha dicho- el Estado está alterando unilateralmente el procedimiento establecido sin ni tan sólo comunicarlo a la Generalitat, ni sin reunir a la Comisión Mixta».

Dispuesto a acudir próximamente a las instituciones europeas si no hay una solución a este problema, Mascarell también ha dicho que está dispuesto a discutir con todo el mundo sobre la propiedad de los documentos (hay un 20 por ciento del que se desconoce su propietario), pero no aceptará ningún "chantaje político".

En este punto, ha advertido de que no se pueden comparar los documentos que se han devuelto a Cataluña en los últimos años con el trabajo que se está haciendo actualmente de búsqueda de los propietarios de documentos, que todavía no ha terminado.

La sentencia del Tribunal Constitucional indica que si la restitución no se puede producir porque no sea posible acreditar la titularidad de los fondos, los documentos seguirán formando parte del Archivo estatal.