Admitida a trámite la demanda contra la Generalitat por el Archivo de Salamanca

Después de las denuncias de que la Generalitat de Cataluña ha inclumplido la ley para la devolución de los llamados «papeles del Archivo de Salamanca» en algunos casos, de los que ABC informó días atrás, la Justicia ha admitido a trámite la demanda en la que se ha sustanciado el hecho de que el Gobierno autonómico mantiene en su poder documentos que no debería custodiar.

Como se recordará, el investigador Policarpo Sánchez ha sido quien ha reunido las evidencias que han permitido presentar la demanda contra el «departament de Cultura», en la que se denuncia que documentos no incautados tras la Guerra Civil en Cataluña, o relativos a personas e instituciones sin sede ni relación biográfica alguna con esa región, fueron trasladados al Archivo Nacional de Cataluña.

En el auto de admisión a trámite se reclama a la Generalitat un «expediente administrativo que deberá ser remitido en un plazo de veinte días, bajo la personal y directa responsabilidad del jefe de la dependencia en que obrara dicho expediente». El juez también otorga «un plazo de cinco días» para la notificación de que se ha remitido el expediente «a cuantos aparezcan como interesados en el mismo». Ante estas decisiones cabe presentar por parte de la Consejería catalana de Cultura un recurso de reposición.

El investigadorPolicarpo Sánchez argumentó días atrás que había emprendido acciones judiciales contra la Generalitat en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), con las que reclama que la Administración liderada por Artur Mas devuelva al Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca, «todos los documentos y otros efectos que no fueron incautados en Catalunya a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña».

Lamentó que la normativa haya «sido claramente vulnerada, al haberse restituido documentos y efectos que no cumplían estos requisitos», por lo que demandó al juez que depure las responsabilidades que correspondan.

Sánchez remarcó que la Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 2013 deja claro que la Generalitat no adquiere la propiedad de todos los documentos y efectos privados que no hubiesen podido restituirse, «se dice expresamente que si esta restitución no se puede producir por no haberse podido acreditar la titularidad de los mismos, tales documentos siguen integrando un archivo de titularidad estatal». Asimismo, ha avanzado que también solicita al juez el traslado al Archivo General de la Guerra Civil de «todos aquellos documentos y demás efectos que, cumpliendo los requisitos para su restitución a terceros, no han sido digitalizados en su integridad ni compulsados, a fin de que quede depositada en el Archivo una copia auténtica, en los términos previstos legalmente». Finalmente, recuerda también que una vez admitido el recurso por parte del TSJC, el órgano judicial dará un plazo de 20 días a la Generalitat para aportar el expediente administrativo correspondiente. Y, una vez superado ese trámite, dará otro plazo, también de 20 días, al equipo del investigador salmantino para aportar todas las pruebas que considere que sustentan su demanda.