La negociación para aprobar el Plan del Júcar se atasca en Madrid

De esta forma, el Ministerio habría dado cumplimiento a su plan de publicar un borrador cada mes (en abril fue el del Tajo, también controvertido, y en mayo el del Segura). Sin embargo, el del Júcar se ha revelado como el plan de cuenca más conflictivo del panorama hídrico actual. Según ha podido saber ABC, las negociaciones para poder desbloquear el documento se celebran al más alto nivel en Madrid. Se trata de una negociación a tres bandas, entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Generalitat Valenciana.

En estas negociaciones, que se prolongan ya por espacio de varias semanas –y que ya superan el horizonte temporal fijado inicialmente–, cada una de las regiones defiende los intereses de sus regantes, que son en varios puntos totalmente antagónicos, como ha venido publicando ABC. La divergencia de posturas ya quedó de manifiesto en la negociación del plan de demarcación que define el territorio de la cuenca, y de nuevo en la votación del Esquema de Temas Importantes (ETI) del cual debe surgir el borrador.

Tres focos de conflicto

En cuanto al plan de demarcación, que fija el ámbito territorial de la cuenca y, por extensión, el peso específico de cada región en sus órganos de gobierno, en junio finalizó el plazo para recibir alegaciones. Los regantes de la Comunidad, como avanzó en su momento este diario, presentaron alegaciones en el último día hábil para hacerlo, al entender que la demarcación perjudicaba a la región.

En este sentido, cabe recordar que el documento –aprobado en enero– incorpora las cuencas endorreicas de Albacete (que no vierten al río ni tienen relación con el mismo) a la cuenca del Júcar, lo que otorga mayor peso territorial a la región vecina. Especialmente, si se segregan el Turia y el Vinalopó –cuencas internas que, en algún momento, deben pasar a estar gestionadas por el Gobierno autonómico–. En ese caso, los nuevos regadíos de Albacete tendrían preferencia para captar caudales del Júcar frente, por ejemplo, al abastecimiento de Valencia –a través del canal Júcar-Turia– o el trasvase al Vinalopó.

Pero al margen del plan de demarcación, ya recurrido por los regantes en el Supremo, el plan de cuenca también presenta tres focos de conflicto que se intenta ahora solventar en el Ministerio. Por un lado, los regantes valencianos reclaman que, de una vez por todas, se acometa la prometida modernización de regadíos en la Acequia Real del Júcar. Por otro, y sin salir de la Comunidad, los regantes alicantinos quieren que se recupere la toma original del trasvase Júcar-Vinalopó por la poca calidad del agua en la desembocadura del río.

Sanciones

Y desde Castilla-La Mancha rechazan el trasvase Júcar-Vinalopó –incluso llevaron a los tribunales el envío en fase de pruebas– y plantean la sustitución de bombeos en la Mancha Oriental. El montante total de acometer todas estas obras –que correría a cargo del Ministerio de Medio Ambiente a través de la Confederación del Júcar (CHJ)–, como ha publicado ABC, asciende a 200 millones de euros.

Sobre la negociación, pende la espada de Damocles de las sanciones europeas, mucho más costosas que las obras a acometer. El plan del Júcar debería haberse aprobado en 2009, y Bruselas puede reclamar a España 200.000 euros de multa por cada día de retraso, lo que supone aproximadamente 72 millones de euros al año. Una cantidad que se incrementa cada día que se retrasa su aprobación.