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Ya son 823 los médicos que se amparan en la objeción de conciencia para poder atender a los inmigrantes ilegales, después de que el Consejo de Misnitros diera el pasado viernes luz verde al nuevo decreto ley que regula la condición de asegurado y beneficiario del sistema sanitario español. Según el nuevo decreto, a partir del 1 de septiembre, los «sin papeles» solo podrán tener acceso a la atención básica: urgencias por enfermedad o accidente, atención en el embarazo, parto y postparto así como atención a los menores de 18 años.
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitario (semFYC), que cuenta con 22.000 socios, ha abierto desde el mes de julio un registro para recoger la voluntad de los médicos que quieren objetar. Solo basta con entrar a la página web de semFYC y rellenar un formulario para manifestar la decisión de seguir atendiendo a los pacientes en situación irregular en el país. En el texto, el médico expresa también que su lealtad con los pacientes hace que no sea posible faltar a su deber ético profesional e incurrir en el abandono. El documento se enviará al Colegio de Médicos Provincial, al Servicio de Salud correspondiente (excepto Andalucía, Asturias, Cataluña y País Vasco, que han anunciado su intención de seguir prestando atención a los «sin papeles»), a la Organización Médica Colegial (OMC) y a la sociedad federada correspondiente (en caso de ser socio de la semFYC).
Son muchas las asociaciones e incluso profesionales a título individual que manifiestan su rotundo rechazo a la medida. «Se está confundiendo la rentabilidad del sistema con el derecho a la salud», afirma Antonio Ramos Bonilla, MIR de cirugía de un hospital de la Comunidad de Madrid. «El hecho de limitar la atención a las urgencias evita que la gente se muera pero no garantiza su salud», sentencia. Antonio también se acogerá a la objeción de conciencia porque considera un «retroceso» lo que está sucediendo con el sistema sanitario. A su juicio, «el número de inmigrantes que se atienden es significativo pero no suficiente como para pensar que quitarles el derecho vaya a redundar en un disminución del gasto sanitario». «De hecho, agrega, son las personas mayores las que más uso hacen del sistema y es lo más lógico ya que se enferman más». «Con este decreto se condena a los inmigrantes irregulares a la enfermedad», sentenció.
Paralelamente a las medidas del gobierno se están creando asociaciones y plataformas como «Yo SÍ, Sanidad Universal» que abogan por una «vuelta» al sistema anterior y asesoran a los irregulares para hacer frente a su nueva situación.
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