Más de la mitad de los andaluces creen que Griñán conocía la trama de los ERE

Un 74,7 por ciento de los entrevistados por IMC han oído hablar del caso de los ERE financiados por la Junta de Andalucía, mientras que solo un 25,2 por ciento dicen no haber oído nada de ello. La cifra supone que ese conocimiento de la corrupción ha ido en aumento, ya que en 2011 este asunto solo era conocido por un 68,6 por ciento de los entrevistados.

Si se tiene en cuenta el color político de los encuestados, no hay muchas diferencias entre lo que piensan unos y otros. Son los votantes de Izquierda Unida los que más conocimiento tienen de este caso, con un 82,5 por ciento, pero seguidos muy de cerca por los del PP (un 82 por ciento). En cuanto a los simpatizantes del Partido Andalucista, un 75 por ciento han oído hablar del escándalo, mientras que entre los de UPyD esta cifra baja al 73 por ciento. El dato más bajo de conocimiento de este asunto se encuentra entre los seguidores del PSOE. Pero, aun así, son más de un 70 por ciento los que tienen noticias del más grave escándalo de corrupción en Andalucía de los últimos tiempos.

Sin embargo, esa no es la cifra más llamativa de la encuesta. Y es que un 96,5 por ciento de los consultados creen que el asunto de los ERE es un caso de corrupción grave o muy grave. Por el contrario, solo un 1,3 por ciento lo califican como algo poco relevante. A medida que se pregunta por el escándalo, las respuestas van reflejando el calado del asunto. De hecho, hay un 29 por ciento de los entrevistados que consideran que la actuación de la Junta de Andalucía no ha sido en absoluto correcta. Luego, hay un 23,9 por ciento que creen que «más bien» no ha sido correcta. Solo un 9,1 por ciento dicen que ha sido totalmente correcta, y un 17,4 por ciento, que «más bien» ha sido correcta.

En cuanto al conocimiento que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, tenía del escándalo, hay división de opiniones. Más del 50 por ciento contestan que el líder socialista (que antes de ser presidente estaba al frente de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía) conocía la existencia de las irregularidades. Un 17,6 por ciento creen que no tenía noticia de ellas, y un 31,8 por ciento no saben o no contestan.

En las respuestas dadas a esta preguntas hay enormes diferencias según el partido al que voten los ciudadanos. Así, el mayor número de los que piensan que lo conocía está entre los que apoyan al PP, donde ese porcentaje se eleva hasta el 71 por ciento. Entre los que apuestan por el Partido Andalucista supera el 61 por ciento, y entre los seguidores de IU la cifra llega a algo más del 59 por ciento. Solo en el caso de los socialistas el dato baja radicalmente. Apenas un 18 por ciento creen que Griñán conocía esa situación que se dio en el seno de su Gobierno.

Es relevante asimismo que más del 48 por ciento consideran que el presidente de la Junta de Andalucía debería dimitir por este asunto. Un 23,2 por ciento no lo creen así, y hay algo más de un 28 por ciento que no saben o no contestan. No obstante, en esta respuesta hay claros matices en función de la simpatía política del entrevistado. Solo el 13,2 por ciento de los que votan al PSOE están de acuerdo en que debería dejar el cargo. Entre los que apoyan al PP, ese porcentaje llega al 71,5 por ciento, al 61,7 entre los simpatizantes del PA, el 62,1 de los de UPyD y algo más del 51 por ciento de los seguidores de IU.

Pese a que se trata de un nuevo caso de corrupción y es bastante reciente, los ciudadanos también parecen estar bastante enterados del caso Invercaria, la agencia investigada por conceder créditos sin control ni criterio. Así, más del 26,7 por ciento de los entrevistados han oído hablar de esas presuntas irregularidades en la Junta de Andalucía.

Y los que lo conocen parecen tener conciencia de la importancia de lo que se investiga. De hecho, hay más de un 91 por ciento que creen grave o muy grave el caso de Invercaria. Solo un 1,2 por ciento lo consideran poco relevante, frente a algo más de un 7 por ciento que no saben o no contestan.

Este asunto es más grave si se tiene en cuenta que existe una grabación, incorporada la investigación, en la que se hace alusión a la auditoría que a principios de 2011 estaba realizando la Cámara de Cuentas. En ese caso Laura Gómiz le pide a Cantos que realice informes «pasados»; es decir, expedientes nuevos sobre empresas que ya habían recibido fondos para justificar que la inversión era correcta, al tiempo que le ordenaba realizar otros con datos falsos.