Nueva ofensiva judicial contra el fallo que avala la inmersión lingüística

Convivencia Cívica Catalana (CCC), entidad que desde 1998 ampara y representa a las familias que piden escolarización en español, anunció ayer que la próxima semana presentará una querella por prevaricación contra la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, por incumplir deliberadamente la ley al no conceder la escolarización en esa lengua a cerca de 800 familias que le elevaron una petición formal tras los pronunciamientos del Supremo. Según Francisco Caja, presidente de CCC, al mantener el sistema de inmersión lingüística, la consejera «ha incurrido en un claro delito de prevaricación porque ese modelo lingüístico va en contra del espíritu y la letra de la Constitución y contradice sentencias firmes del Tribunal Constitucional (TC), el Supremo y el propio TSJC».

En esta misma línea de incumplimientos, tal como avanzaba ayer ABC, la Generalitat ha omitido un curso más la demandada casilla lingüística en la preinscripción escolar, según Caja, «el primer paso para que las familias puedan optar a este derecho constitucional». «Es un incumplimiento recalcitrante que se suma a la lista de ilegalidades que se están produciendo», dice el presidente de CCC.

Como avanzó la semana pasada, Convivencia presentará también un recurso de casación ante el Supremo para que el Govern cumpla los fallos de este tribunal que obligan a devolver al castellano el carácter de lengua vehicular en la enseñanza pública y elevará, a su vez, una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para denunciar las presiones ejercidas sobre el tribunal catalán antes de que éste emitiera el fallo. En paralelo a este frente judicial, CCC avanzó que ya ha remitido a la consejería de Enseñanza cinco solicitudes de indemnización para los padres que llevan años luchando para que sus hijos reciban enseñanza en castellano. La compensación oscilaría entre los 76.000 y 25.000 euros por familia, en función del número de hijos y años que lleva reclamando.

«En total, para los cinco padres hemos reclamado 280.662 euros», dijo Caja, quien animó a las familias que ya han pedido lo mismo a que «también lo hagan». La diputada del PP María José García Cuevas apoyo la causa con su asistencia al acto.