Jordi Pujol, su historia menos honorable

Los intentos fallidos de crear un gran banco catalán o de rodearse de una burguesía en alza pusieron los sucesivos Gobiernos de CiU bajo sospecha. Él siempre salió indemne, no así personas de su máxima confianza como Lluís Prenafeta o Macià Alavedra; empresarios afines como Javier de la Rosa, o prohombres del catalanismo como Félix Millet, implicado recientemente en la supuesta financiación irregular de Convergència a través del desvío de fondos del Palau de la Música.

Pujol fue pionero en el arte de interpretar las embestidas políticas y judiciales como supuestos ataques a Cataluña. Así fue en el caso Banca Catalana y así ha sido con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía. En 1984, los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena presentaron una querella contra directivos de Banca Catalana, entre los que se encontraba el propio Pujol, por el supuesto desvío de fondos. En concreto, se les acusaba de la compra irregular de valores inmobiliarios, con dinero de la «caja b», para financiar distintas operaciones gravosas para la entidad, que terminó siendo intervenida en 1982. Los fiscales también sostenían, entre otros hechos, que Pujol y el resto de consejeros habían repartido 516 millones de pesetas en dividendos entre 1974 y 1976, cuando el banco ya tenía importantes pérdidas.

El presidente catalán atribuyó la acción del Ministerio Público a una «inmensa mala jugada» del PSOE, que gobernaba en ese momento. Prenafeta, entonces secretario general de Presidencia, organizó una masiva manifestación de apoyo a Pujol. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña archivó el caso, pero la posterior designación de Villarejo como fiscal jefe de Cataluña encendió a Pujol hasta tal punto que, en un acto institucional, reprochó al fiscal general del Estado, Javier Moscoso, su falta de sentido de Estado.

Pujol consiguió así que Banca Catalana pasara a la historia, pero no pudo evitar que a partir de ese momento salieran a la luz otros procesos judiciales que salpicaron a miembros de su Gobierno. En 1989, el ex director financiero de Casinos de Cataluña —holding que monopolizaba el dinero del juego— denunció que esta empresa había pagado unos 3.000 millones de pesetas a compañías afines a Convergència. El caso quedó archivado, no así el denominado «caso Planasdemunt», en el que el exconsejero de Economía, Jordi Planasdemunt, se vio implicado en un fraude de unos 6.000 millones de pesetas mediante pagarés falsos. Fue condenado a siete años de prisión. Los consejeros Jaume Roma y Josep Maria Cullell también dimitieron tras verse implicados en supuestos casos de corrupción.

Los disgustos judiciales afectaron asimismo a los socios de CDC, Unió Democràtica de Catalunya. Compañías del empresario andorrano Fidel Pallerols, vinculado a los socialcristianos, recibieron subvenciones inicialmente destinadas a cursos de formación . Por este caso dimitió el consejero de Trabajo, Ignasi Farreres. También fue investigada la gestión de Unió en el Consorcio de Turismo de la Generalitat. Cuando CiU ya estaba en la oposición, Pasqual Maragall desató una tormenta política al acusar a CiU de recibir comisiones ilegales en la adjudicación de obra pública.

El líder convergente nunca renunció a rodearse de una burguesía afín al ideario nacionalista que, al mismo tiempo, ofreciera apoyo económico a la construcción catalana . La quiebra de la compañía aérea Spanair es el último ejemplo de esa incapacidad de CiU de lograr un empresariado fiel. A mediados de los años noventa, los esfuerzos de Pujol comenzaron a dar resultado, pero a través de la persona equivocada. Javier de la Rosa, ungido por el dirigente autonómico como «empresario modélico», fue a la cárcel por la descapitalización de la empresa Grand Tibidabo. El caso salpicó a Prenafeta. Las amistades peligrosas de Jordi Pujol incluían al juez Lluís Pasqual Estevill, denominado en su día el «azote de la burguesía» y que se convirtió en vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de CiU. Aseguran que, de esta forma, Pujol lanzaba una advertencia a Felipe González , pues el CGPJ designó a los miembros del Tribunal Supremo que debían juzgar el caso GAL. Estevill acabó en la cárcel acusado de prevaricación por dictar resoluciones injustas a cambio de dinero. Alavedra admitió haber intercedido entre el juez y varios empresarios.

Y si no fue fácil ganarse la confianza del empresariado, mucho más complicado fue garantizar la cohesión social de una Cataluña con un nivel alto de población procedente de la inmigración de los años 50 y 60, residente en su mayoría en municipios metropolitanos gobernados por la izquierda. Es en este momento cuando Pujol pasa de ser el gran estadista a recibir el calificativo de «cacique» por su decisión de dar subvenciones a los barrios con vocación nacionalista. La red clientelar se extendió , neutralizando así la influencia socialista y el rechazo que podría generar la ley de política lingüística, génesis del reconocimiento del catalán como única lengua vehicular en la administración y en las escuelas.

El tripartito tomó el testigo de la escalada nacionalista que comenzó Pujol y tuvo su punto álgido en el Estatuto de 2006, cuando ya se había retirado de la escena política. Es precisamente la sentencia del TC sobre el Estatuto lo que, según Carles Duarte, exsecretario de Presidencia, ha llevado a Jordi Pujol a pronunciarse tan abiertamente sobre la independencia . «Él no era partidario de la confrontación, sino de la construcción», dice Duarte, quien admite que militantes y votantes de CiU pueden sentirse incómodos con los últimos postulados de Pujol, «pero todos reconocen su autoridad moral».

Treinta años después de aquella escena en las Cortes junto a Arzalluz, Pujol asegura que votaría «sí» en un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Su ex efe de Gabinete , Jesús Conte, cree que esa confesión es producto de una evolución política. «Pujol nunca fue independentista, siempre demostró lealtad a los sucesivos Gobiernos españoles y aspiraba a que Cataluña tuviera un encaje en España sin sentirse menospreciada», asegura Conte, quien admite que el expresidente sabe que «hoy no tenemos un Ben Gurión que lidere la independencia».

Sin embargo, el exlíder del PP catalán, Alberto Fernández, que convivió con Pujol en el Parlamento autonómico, está convencido de que el veterano dirigente de Convergència «es un lobo independentista con piel de cordero nacionalista» y que «jugó a Bismarck con un supuesto sentido de Estado, pero siguió actuando como Bolívar». El presidente del PSC en la Cámara catalana, Joaquim Nadal, también cree que el veterano nacionalista «siempre ha pensado lo mismo, pero es un político astuto y optó por el posibilismo. CiU practica un independentismo vergonzante». Y no cree que Pujol sea un hombre de Estado. «Lo habría sido si, en lugar de apoyar desde fuera a los distintos Gobiernos españoles, hubiera entrado en el Gobierno. Nunca fue Cambó», considera.

Defensores y detractores coinciden, no obstante, en que las reflexiones de Pujol causan tanto impacto porque se trata de unos de los personajes más influyentes de la democracia, capaz de derribar Gobiernos —CiU siguió apoyando al PSOE durante la crisis de los GAL— o construirlos —el excanciller alemán Helmut Kohl le aconsejó que apoyara a José María Aznar—.