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La vuelo judicial de Spanair comienza a despejarse. Así, y como se esperaba, el juzgado mercantil número 10 de Barcelona no ha tardado ni dos días en declarar el concurso voluntario de acreedores presentado por la compañía aérea: en el mismo, se contabilizan hasta 3.000 acreedores, con un pasivo total de 474 millones. Con la declaración del concurso voluntario, el juez ha rechazado de igual forma la petición de concurso necesario de acreedores que presentó minutos antes que lo hiciese Spanair el sindicato de pilotos Sepla.
El juez ha calificado el concurso como de «especial trascendencia», y la administración ha recaído en el despacho barcelonés Grupo Gispert, Abogados y Economistas, fundado por Ignasi de Gispert Jordà, ex consejero de Justicia durante el primer mandato de Jordi Pujol y familiar de la actual presidenta del Parlament, Núria de Gispert. Dada la complejidad del caso, no se descarta que en los próximos días se designe a un segundo administrador.
En paralelo a la declaración del concurso, comienza también la tramitación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para los 2.075 trabajadores de la compañía. El comité de empresa de los mismos se reúne este mediodía con los antiguos gestores de Spanair, desde esta mañana apartados de la dirección tras la decisión del juez.
