Autonomías: se acabó lo que se derrochaba

Impago de facturas, dificultades para sufragar las nóminas de los empleados públicos, de los colegios concertados, moras en el pago de escándalo a los proveedores... Evitar la quiebra de algunas comunidades autónomas es una de las prioridades máximas del nuevo Gobierno. ¿Cómo? Control y austeridad van a ser palabras clave en los próximos años. Control sobre las cuentas y austeridad frente al desenfreno y la opulencia en el gasto y el viciado recurso al endeudamiento. Y sobre todo, sanciones, mayores para reincidentes.

Toca ajuste del Estado, pero especialmente de las autonomías, montadas en una espiral de derroche y en unos niveles de deuda en muchos casos inasumibles, que además de arrastrar al Estado han puesto a muchas de ellas en el camino del no retorno.

Por lo pronto, esta semana se desvelaba un secreto cuyo enigma muchos ya conocían, era un secreto a voces: las comunidades autónomas han sido las principales responsables de la desviación del déficit público en 2011, año en el que, a falta de cifras definitivas, duplicaron el objetivo previsto al cerrar con unos números rojos del 2,7% del PIB frente al 1,3% comprometido. La desviación asciende a unos 15.000 millones de euros.

Corregir esos números rojos para que en este año 2012 las autonomías sí logren colocar el déficit en el 1,3% del PIB va a ser objetivo prioritario del Ejecutivo. Las comunidades tendrán que aprobar ajustes por 15.000 millones de euros y aunque la subida del IRPF facilitará unos ingresos adicionales a las comunidades por más de 2.000 millones de euros, esta cifra es claramente escasa para cuadrar las cuentas.

La mayoría de las autonomías han tomado medidas en los Presupuestos de 2012, pero no parecen ser suficientes y toca recortar sus estructuras empresariales, organismos, subir impuestos... salvo Madrid, que, con los deberes cumplidos, baraja reducir en medio punto el IRPF en su tramo autonómico . Y lo hacía poco después de que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobara una subida del Impuesto de hasta el 7% en el conjunto de España.

Mucho es lo que queda por hacer... y también en el sector público autonómico, cuyo tamaño aumenta y aumenta sin freno pese a la crisis, que es lo más grave. El número de entes públicos autonómicos (sin incluir el País Vasco) asciende en estos momentos a 2.357. La cifra es de impacto, pero lo que más llama la atención es que si se compara la situación a 1 de enero de 2011 con la del mismo periodo de 2009, el incremento experimentado en el número de entes autonómicos ha sido del 23%. Es lo mismo que decir que en dos años de grave crisis económica (2009 y 2010), el sector público autonómico ha seguido aumentando de tamaño mientras que a nivel de la Administración General del Estado se reducía un 5%.

¿Cómo las comunidades autónomas han llegado a esos niveles de gasto? El modelo de financiación autonómica ha permitido a los ejecutivos regionales gastar sin tino y, lo peor, sin tener que ingresar lo necesario para cubrir estos gastos. Los intentos por frenar este dispendio se toparon con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al Gobierno.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2001 puso freno al despilfarro y obligó a autonomías y ayuntamientos a cerrar los ejercicios en equilibrio, pero la llegada de Rodríguez Zapatero al poder dio al traste con estas limitaciones y favoreció la posibilidad de recurrir a la deuda, que desde entonces no ha cesado de crecer, mucho más desde que estalló la crisis. En los últimos veinte años el recurso al endeudamient o ha sido la principal fuente de ingresos de las comunidades. Para muestra un botón: En dos décadas este mecanismo ha representado un 7,54% de los ingresos presupuestados y en los últimos quince un 6,42% del PIB.

Pero... ¿por qué se ha mantenido esta maquinaria de gasto? El fracaso de todos los límites impuestos al endeudamiento territorial hay que buscarlo en varios factores, según coinciden todos los expertos. El primero, en la ausencia de una estructura institucional que establezca una conexión directa y forzosa entre las decisiones de gasto de las autonomías y su obligación de satisfacerlas con un aumento de los ingresos. O lo que es lo mismo, la necesidad de introducir una efectiva corresponsabilidad fiscal.

El segundo habría que buscarlo en la ausencia hasta ahora de un mecanismo de sanciones e incentivos a imponer en caso de incumplimiento de objetivos. Y, tercero, resolver las lagunas de las que adolece la legislación, que permiten a las autonomías seguir endeudándose a través de «otros instrumentos» que ocasionan más desviaciones.

Y lo más importante, ¿qué hacer? Por lo pronto, el Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado el anteproyecto de la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, una ley consensuada con el anterior Ejecutivo el pasado verano para demostrar a la Unión Europea y a los mercados el compromiso político para parar el déficit público. El compromiso se concreta en que todas las administraciones públicas tendrán que limitar el d éficit estructural al 0,4% del PIB y el nivel de deuda al 60%. No obstante, autonomías y las grandes ciudades tendrán también la obligación de atenerse a un techo de gasto previo a la elaboración de sus presupuestos, como ya ocurre con el Estado.

A ello se suma una regla de gasto para todas las administraciones públicas, incluidas las locales, que tendrán que ser más transparentes al acompañar sus proyectos de presupuestos con su equivalencia en déficit o superávit en términos de contabilidad nacional, niveles de endeudamiento, inversiones de las empresas públicas, gastos por el aplazamiento de pagos y obligaciones no imputadas al presupuesto. Y todo aderezado con más sanciones, especialmente en los casos más graves o reincidentes. El palo, pero también la zanahoria, ya que el Gobierno dejará a las autonomías que devuelvan los anticipos a cuenta recibidos en 2008 y 2009 por 24.000 millones.