«Con la enseñanza pública y la privada se amplía la libertad de los padres a la hora de elegir centro»

A. GONZÁLEZ

02/01/2012 a las 01:56h.

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Entrevista

Marcial Marín—Consejero de Educación, Cultura y Deportes

—Ha sido un comienzo de curso complicado, con casos como el de los interinos, ¿cuál es la verdad respecto al número? ¿están suficientemente atendidas las aulas?

—Sí que lo están. Las cifras oficiales dicen que hay 271 interinos más y que trabajan 8.500 interinos de un total de 34.000 profesores. Las cifras falsas son las que algunos sindicatos minoritarios y el Partido Socialista han intentando hacer creer para crear una alarma social, hecho que tiene mucho de criticable porque no se puede jugar con algo tan sagrado. La realidad es que hay más interinos, más profesores y más centros, y una gran responsabilidad por todos los docentes.

— En todo caso, ¿sobre los interinos habrá alguna modificación en el próximo curso respecto a su contratación o seguirá el mismo sistema?

—Para el próximo curso se han hecho modificaciones a través del decreto 277 que consisten en dos horas lectivas más en Primaria y Secundaria y también alguna regulación que permite a los interinos contratarles por necesidades de servicio, aplicando la legislación vigente. Lo que estamos haciendo son medidas transitorias y coyunturales, y hay que dejar muy claro, como se lo hemos transmitido a los sindicatos, que una vez que encontremos la senda del crecimiento serán revisados y se devolverán al estado inicial esos derechos que hemos restringido mínimamente.

—La oferta pública de empleo se va a restringir o congelar ¿no?

—En el último Consejo de Gobierno se anunció que durante 2012 no habrá oferta de empleo público. Y si en algún momento la hay, siempre será con el consenso de las otras comunidades, porque no puede ser que la que convoque reciba opositores de toda España. Queremos que si hay oferta pública sea para todos y en todos lados para que por lo menos los interinos que estén estudiando en Castilla-La Mancha tengan posibilidades de examinarse aquí o en otras comunidades.

—La decisión de dar 2,5 horas de clase más ¿ha sido ya bien asimilada?

—En el sector educativo apenas si va a tener trascendencia, porque esas dos horas y media van a ser en casa, con lo cual no va a tener una contestación social. Va a permitir que de las 35 horas 29 se pasen en el centro y las otras seis en casa preparando las clases, que ahora pasarán a ser ocho y media. En definitiva, creo que va a haber más calidad de educación.

—Los profesores han pedido también que no se eliminen algunos complementos retributivos o aspectos del Programa de Acción Social ¿Qué va a pasar?

—Como anunció la presidenta Cospedal en el Plan de Garantía de los Servicios Básicos, se va a reducir un 10 por ciento el complemento específico y el Plan de Acción Social a nivel de funcionarios se puede ver reducido coyunturalmente en un 50 por ciento. Pero se mantienen ayudas a guarderías, a funcionarios que tengan personas discapcitadas... las imprescindibles no las vamos a eliminar. Y las que toquemos ahora cuando nos recuperemos volverán a disfrutarse por todos los funcionarios.

—Otro asunto polémico ha sido el de los centros de British Council ¿Cree que se ha dado la mejor solución?

—El British Council se desarrolla en siete centros de 177 que hay bilingües, por tanto es el 3,5 por ciento,y lo que hemos hecho es apostar por el profesorado de la región formado y especializado en idiomas, y no por nativos puestos a dedo. Esto es un contrasentido que hemos visto en las manifestaciones, en las que profesores exigían una educación pública e iban también los de British Council con profesores puestos a dedo. Aquí todo el que consiga una plaza debe ser porque ha pasado por una oferta pública de empleo.

—Y hablando de movilizaciones ¿entendió algunas de las cosas que se dijeron de usted o de la presidenta?

—Lo que no entenderemos nunca es que quienes encabezaban esas manifestaciones eran políticos del Partido Socialista que acababan de dejarnos la peor herencia y puesto en riesgo la educación y la sanidad. Por tanto, el que puedan insultarnos deja muy bien a las claras qué doble cara y falsedad tienen, porque los pirómanos que han puesto en peligro la educación y sanidad no pueden dar lecciones o insultar a los bomberos que hemos venido a apagar el fuego para la sostenibilidad de algo básico.

—Muchas de las cuestiones de las que hemos hablado se están negociando en la mesa sectorial ¿Cuál es su relación con los sindicatos?

—Creo que los sindicatos nunca habían visto un marco de negociación tan amplio y de tantas sesiones. Ahora bien, saben que ha llegado un época en que está en juego el todo y que es necesario un esfuerzo colectivo de todos. Los sindicatos mayoritarios han entendido el mensaje y no participaron en esas manifestaciones, y confío en que al final todos rememos en la misma dirección y que los sindicatos minoritarios también se sumen, porque saben que todas las decisiones que estamos tomando son coyunturales y cuando recuperemos el empleo les devolveremos lo que hoy les hemos reducido en parte,

—El Gobierno del que forma parte habla con frecuencia de la nefasta herencia recibida del PSOE. Si tuviera que poner un ejemplo de ello ¿cuál elegiría?

—Por ejemplo los 30.250 ordenadores que dijo Barreda que regalaba a los profesores y que no ha pagado. En una reciente reunión con la empresa que los suministró nos dijo que se deben 14 millonesde euros y que llegado el tiempo del arrendamiento ahora toca retirarlos o que cada profesor pague 80 euros. Eso deja a las claras la política de escaparate, de titular y de engaño que es capaz de hacer un presidente que ha sido consejero de Educación y profesor de la Universidad a más de 30.000 docentes a los que engañó. Ahora debería ir casa por casa a explicarles que lo que regalaba ahora tienen que pagarlo.

—¿Y ahora qué va hacer el gobierno regional?

—No va a quedar más remedio que retirar los ordenadores o que el profesor pague esos 80 euros. Vamos a intentar negociar con El Corte Inglés otras alternativas, pero el contrato lo dice y no cabe otra elección.

—¿Pero habrá un vencimiento?

—Claro: o se devuelven todos ya o se pagan 80 euros por cada uno de ellos.

—No existe un problema parecido con los ordenadores para los alumnos o las pizarras digitales ¿no?

—No. Ahora vamos a sacar el proyecto Escuela 2.0 en su tercera fase, que significa dotar de 20.000 network o pequeños ordenadores y medio millar de pizarras electrónicas subvencionadas todas con fondos del Ministerio y europeos. Nos parecía una incongruencia renunciar a 6 millones de euros cuando no costaban ni un euro a la Comunidad. Pero por lo que sí vamos a apostar es por un uso más racional, que es que en lugar de que se los lleven a su casa se monten aulas digitalizadas en todos los centros y que estén disponibles para todos.

—Respecto al pago de los libros ¿se han fijado ya los baremos a partir de los cuales seguirán siendo gratis?

—No, pero sí avanzado, en el sentido de que ningún niño que no pueda pagarse los libros tenga que hacerlo o se quede sin ellos. Vamos a apostar por un modelo justo, porque en una época de crisis lo que tiene que pasar es que se ayude a las familias con menos recursos. Hay que establecer ese nivel de renta y luego el procedimiento. También nos parecía muy fuerte que se fueran pasando libros de generación en generación, por eso hay que intentar que los materiales curriculares se puedan utilizar y subrayar por los alumnos. La decisión final del nivel de renta y el uso que hagamos en el nuevo programa de libros será por consenso con la comunidad educativa, los profesores y con la asociación regional de libreros.

—Y estos últimos ¿han cobrado ya todo lo que se les debía?

—Les queda aún. Nosotros nos encontramos con que el gobierno anterior no les pagó la mitad de lo que les debía y eso fue de las primeras acciones que llevamos a cabo. Ahora se han entregado los materiales y esta semana la Consejería va a pagar el 55 por ciento de los mismos y el resto a través de un sistema de financiación con una entidad de crédito.

—¿Se van a suspender o rebajar las inversiones en nuevas infraestructurs educativas?

—Hay ocho obras que están a punto de terminare y esto es una prioridad, pero luego hay que aplazar las nuevas porque ahora sí que hay que establecer prioridades, que son pagar nóminas y que lo que está funcionando tengamos fondos para ello. Las nuevas infraestructuras llegarán cuando nos recuperemos.

—Usted habló en las Cortes de compaginar la enseñanza pública con la concertada y privada ¿nos puede concretar en qué se traduce?

—Se traduce en ampliar la libertad de centro por parte de los padres, como también el respeto a la libertad de crear centros por partes de entes privados o que puedan concertalo, un modelo que se recoge en la Constitución y que ya funciona en otras comunidades y países. Al final lo que se hace con esto es que se apueste por una buena competencia, en el sentido de aumentar la calidad de la educación y de que el fracaso escolar, que hoy ronda el 34 por ciento, el más alto de España, descienda ostensiblemente. En el 2020 tenemos que hacer que ese índice de fracaso se reduzca a más de la mitad, el 15 por ciento.

—Para aquellos que siempre invocan lo público como sinónimo de lo bueno y lo privado como lo negativo ¿qué les diría?

—Al Partido Socialista hay que decirle que hay dos ejemplos que nos hemos encontrado que hemos pasado de lo privado a lo público. Uno ha sido el Brtish Council y el otro la Fundación Virtus, privada, en la que por una nefasta gestión despilfarró 4 millones de euros y se puso en la calle a 84 alumnos, por lo que deberá dar cuentas. Nosostros lo que hemos hecho es darle solución albergámdoles en un instituto público, el Virgen de Gracia de Puertollano. Por tanto, se está apostando por la gestión pública. No se puede ser fariseo y decir una cosa y luego hacer otra. Nosotros estamos apostando por una educación pública, gratuita y universal, que es el principal objetivo, y de calidad potenciando el bilingüismo y a nuestro profesorado, al que además vamos a reconocer y proteger con una ley de autoridad del profesorado.

—¿Cree que los contenido de las materias que se imparten ahora en Castilla-La Mancha son los adecuados o puede haber alguna modificación en el próximo curso?

—Debe de haber una modificación. Educación para la Ciudadanía no sé si debe de mantener el nombre, aunque esto debe hacerse desde donde se tiene la competencia, que es el Gobierno nacional, pero también habría que quitar la inmensa mayoría de los contenidos y apostar por los valores constitucionales y también por darlos en otros idioma, como el inglés. Nosotros sí que a través de la Ley de Emprendedores vamos a incorporar módulos teórico-prácticos en Infantil, Primaria, Secundaria y Formación para fomentar la cultura empresarial, y en la fase universitaria módulos de creación de empresas. Con ello lo que queremos es desmitificar la mala imagen que se tenía del empresario y que al final muchos estudiantes apuesten por crear su propia empresa. Creo que así tendremos mucho futuro y mucho empleo estable.

—No menos complicada fue la situación económica que se han encontrado en la Universidad ¿Cómo la definiría?

—La Universidad es una bomba cuya mecha se encendió en diciembre de 2010 y nos la dieron a punto de explotar al entrar en el gobierno. ¿Y qué entiendo por bomba? pues que el propio Barreda, que era profesor de la Universidad, no apostó por ella y no creía en ella, ya que no les pagaba la mensualidad que la Junta debía aportar durante seis meses. En esta situación la Universidad fue tirando de recursos propios hasta que los gastó, con lo que nos encontramos con la disyuntiva de que o pagábamos desde el primer día algo o no podían cobrar 3.500 profesores y más de 1.900 personas de servicios y administración. Por tanto, hubo una negligencia activa del propio Barreda y también una negligencia pasiva del rector, que no denunciaba esa falta de pago. Lo que ha hecho Cospedal es pagar ya más de 45 millones de euros. Pero lo que también quiere dejar claro es que la Universidad también tiene que ser solidaria en el esfuerzo que tenemos que hacer todos en este plan de ajuste. Para eso vamos a consensuar un contrato programa con el nuevo rector en virtud del cual se apueste por la Universidad del siglo XXI. En definitiva, ir de la mano con la verdad, siempre garantizando la sostenibilidad que nunca se debió poner en peligro, porque la Universidad es la principal herramienta de competitividad junto con las empresas.

BBB

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