El Gobierno prepara una tercera fase de ajustes en las empresas públicas

Lo que se ha venido denominando una verdadera «Administración paralela» que escapa del control parlamentario arrastra una deuda de 57.170 millones de euros , de los que 32.285 corresponden a las empresas del Estado, 15.495 a las autonómicas y 9.390 a las locales. Estos son los últimos datos hechos públicos por el Banco de España a finales de diciembre de 2011.

El presidente del Gobierno está dispuesto a cortar la sangría que está lastrando las cuentas del Estado, ya que siempre ha sostenido que de estas cerca de 4.000 empresas «sobran la mitad» . Los hechos han terminado dándole la razón, ya que esta elevada deuda se ha disparado a final de 2011 un 16,1 por ciento más que el ejercicio anterior.

Rajoy actuará en esta estructura empresarial aplicando los mismos criterios que ya ha seguido en el caso de los Ministerios. Eliminación de altos cargos (secretarios de Estado, secretarios generales y directores generales) y supresión de varios departamentos. En el caso del sector público autonómico cumplirá su compromiso electoral de evitar duplicidades , con lo que se da por segura la desaparición de agencias, consorcios, fundaciones, sociedades mercantiles y organismos autónomos que vengan a incrementar artificialmente los presupuestos de las Comunidades. En estos territorios ya se ha hecho un primer ajuste.

Aunque en el caso del sector público estatal tiene competencias para hacerlo, en el ámbito autonómico intentará conseguir un acuerdo con las Autonomías en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Teniendo en cuenta que el Partido Popular gobierna en la mayoría de ellas, excepto País Vasco, Andalucía, Cataluña y Navarra, el consenso se da por descontado.

La primera fase de este plan de ahorro se materializó en el real decreto de nombramiento de sus ministros y de la nueva estructura del Gobierno. De 15 Ministerios se ha pasado a 13, al eliminarse el de Ciencia e Innovación y el de Cultura. Igualmente, los secretarios de Estado han quedado reducidos a 24 , respeto a los 27 que había en el Gobierno de Zapatero.

La segunda fase de los recortes en la Administración General del Estado se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado día 30 de diciembre, al anunciarse una reducción de 30 direcciones generales y una nueva distribución del personal de los gabinetes ministeriales. En total, las direcciones generales afectadas son 50, de las que 30 desaparecen y 20 cambian su denominación o cuentan ahora con menor rango (algunas secretarías generales se convierten en subsecretarías).

Igualmente, en el caso del personal al servicio de los ministros, la reunión del gabinete ha acordado que los equipos estén formados únicamente por un director y hasta cinco asesores. El de la vicepresidenta del Gobierno tendrá un máximo de nueve, sensiblemente menor al que llegó a tener María Teresa Fernández de la Vega, con trece.

La poda administrativa se ha llevado por delante a la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos Exteriores; la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defensa, dependiente de este Ministerio; o la Dirección General de Coordinación y Medio Abierto del Ministerio del Interior. Igualmente, desaparecen la Dirección General de Política Social y Consumo del Ministerio de Sanidad.

El presidente del Gobierno también ha decidido suprimir las direcciones generales de Coordinación Informativa, la de Información Nacional y la de Información Internacional.