Los ingresos tributarios se estancan y ponen en peligro el objetivo de déficit

El Estado, que el año pasado se comportó mejor de lo esperado y pudo compensar las desviaciones del resto de administraciones, este ejercicio está en línea con las previsiones, e incluso algo por debajo. Hasta julio, el déficit estatal se situó en 22.746 millones de euros, un 2,09% del PIB, tras reducirse en un 11,8% en el periodo. Un mes antes, la reducción era del 19%, y en los meses anteriores llegó a ser de hasta el 50%. Por tanto, se frena la corrección.

La causa está fundamentalmente en el estancamiento de los ingresos tributarios por la atonía de la actividad económica. A 31 de julio, la recaudación impositiva, antes de hacer el reparto a las autonomías apenas subió un 1% , y los ingresos totales del Estado se mantuvieron prácticamente estables en relación a 2010.

Su principal partida, los ingresos derivados del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) aumentó en un 5,2% tras la subida de los tipos más altos ejecutada en enero, mientras que la recaudación del Impuesto de Sociedades continuó el descalabro que se lleva produciendo desde el inicio de la crisis. Las empresas pagaron en el periodo 4.761 millones por sus beneficios , casi un 24% que en el acumulado enero-julio del pasado ejercicio.

En el campo de los impuestos indirectos, la recaudación del IVA , directamente ligada con la evolución del consumo privado, ha reducido considerablemente su ritmo de avance, al crecer un 3,8%. Eliminado el efecto de la subida de tipos, que se produjo el de julio de 2010, el IVA refleja la caída del gasto de las familias. En julio, y pese a los malos datos del año pasado, los ingresos derivados del IVA cayeron un 15%.

Los impuestos especiales —aquellos que gravan tabaco, alcohol, hidrocarburos y electricidad— vieron mermada su recaudación en un 3,2% interanual, arrastrados por el menor consumo de gasolinas y gasóleos y de bebidas espirituosas, ambos muy asociados al ciclo económico.

En el lado del gasto, cabe destacar el esfuerzo de moderación sobre los sueldos de funcionarios y personal laboral contratado, que se contrajo un 4,2% por la rebaja del 5% en los salarios. También descendió, en más de un 25%, el desembolso correspondiente a inversión real , acometida en su totalidad por los ministerios de Fomento, Defensa y Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Tampoco conduce al optimismo la ejecución de las cuentas de la Seguridad Social, que en los siete primeros meses del año arrojaron un saldo positivo de 3.200 millones de euros, casi la mitad de los 6.100 millones obtenido en indéntico periodo de 2010.

Las cotizaciones sociales, principal fuente de financiación del sistema público, disminuyeron un 1,1% como consecuencia del descenso del 8% en las cotizaciones de los afiliados desempleados. La ligera caída en el paro registrado propieció esta disminución en las cotizaciones sociales.

Hasta el momento, el organismo público ha ingresado el 55,27% del total previsto para el conjunto del ejercicio por este concepto, con lo que quedan en entredicho los pronósticos del Ejecutivo.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granados, mostró su alegría por que el departamento que dirige «encare el cuarto año de crisis económica con superávit», si bien reconoce que éste se ha reducido. A su juicio, los datos demuestran que las políticas de estabilidad presupuestaria «son razonables» y que «no hace falta recurrir al endeudamiento para aumentar el grado de protección social». Sin embargo, el Gobierno había previsto una mejora del excedente de la Seguridad Soical que contrasta con el empeoramiento que muestran estas cifras.

Con este escenario, y ante la debilidad manifiesta para incrementar la recaudación tributaria en un momento bajo del ciclo económico, expertos consultados por este diario mostraron su preocupación por las cifras dadas a conocer ayer y abogaron por la puesta en marcha de «reformas serias» en el sector público español. No obstante, estas mismas fuentes expusieron su pesimismo sobre la posibilidad de que los rectores de las finanzas públicas acometan una nueva ronda de ajustes extraordinarios a dos meses vista de las elecciones generales, algo que consideran «remotamente factible».Solo si Europa lo exige se harán los deberes.