Inocentes en el patíbulo

Dicho de otro modo, había considerado la posibilidad de que los niños fueran desaparecidos con vida, aquellos bebés que el régimen militar requisó cuando abrían los ojos por primera vez o a los pocos días de hacerlo. Marcela y Felipe podían ser dos de esos quinientos chicos —según estimaciones de las Abuelas de Plaza de Mayo— que no recuerdan a la mujer que les llevó en su vientre porque la mataron y les separaron de ellas.

Ellos conocían esta hipótesis desde hace una década. Había una causa abierta por dos familias, Lanoscou-Miranda y Gualdero-García ,que creían ver en Marcela y Felipe a uno de los suyos. A Ernestina,multimillonaria y accionista del principal grupo de comunicación de Argentina, la encarcelaron entonces por adopción fraudulenta, aunque posteriormente el caso fue sobreseído y el juez federal que la arrestó destituido. Lo que no sabían los hermanos, ni imaginaban, hasta hace unos años, es que el futuro les deparaba un sufrimiento añadido: sentir que los usaban como moneda de cambio político, verse reflejados, virtualmente, en el patíbulo de los culpables y presentados a la opinión pública como hacen con los condenados.

Ahora se han conocido los resultados de las pruebas de ADN: el suyo no coincide ni con dos familias que lo reclamaban, ni tampoco con las de familias de desaparecidos presuntamente nacidos, como ellos, entre 1975 y 1976. Pese a la contundencia de las pruebas, las Madres de la Plaza de Mayo no cejan en su empeño: «El proceso no ha terminado», aseguran, agarrándose a tres muestras que serían dudosas.

El pecado de Marcela y Felipe fue resistirse a entregar muestras de su sangre primero; después, no querer hacerlo en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) del Hospital Durand, donde marca la ley —hecha a medida para su caso— , y además, negarse a un cotejo con 54 muestras de familias de desaparecidos. Durante este eterno y farragososo proceso judicial cedieron, en el año 2003, a la comparación exclusiva con el mapa genético de los Lanoscou-Miranda y los Gualdero-García, pero estos se negaron y, con las Abuelas de Plaza de Mayo, exigieron un cotejo general del BNDG. Finalmente, el 17 de junio, los jóvenes dijeron que sí a todo para, según sus palabras , «poner fin al acoso y la persecución que con su madre vienen sufriendo desde hace diez años» y que, como publicaba el diario, «se volvió más brutal desde hace tres, con presiones y hostigamientos oficiales que no respetaron en absoluto sus derechos».

En esa pesadilla que les tuvo en boca del Gobierno, de tertulianos en abierta guerra contra el poder que representa «Clarín» y atravesados en corrillos de fotógrafos y prensa cuando iban al juzgado o ponían un pie en la calle, un día, en mayo de 2010, dijeron basta: «Dicen que somos las víctimas, que nos quieren cuidar para que no tengamos ninguna clase de sufrimiento pero, de hecho, hicieron lo contrario».

Los hermanos rompieron el silencio habitua l después de que Marcela por orden judicial y con el objetivo de recoger muestras genéticas, tuviera que permitir que «delante de siete personas me quitaran mi bombacha (bragas), mis medias, mi pantalón y mi remera (camiseta)». Al mismo tiempo a Felipe «le sacaron el saco (chaqueta), el pantalón, el calzoncillo y la camisa».

La escena fue precedida de una persecución callejera con coches de Policía a las puertas de la casa de Ernestina Herrera, donde, por entonces, ellos no vivían. «No somos delincuentes» protestaba Felipe. «Fue denigrante. ¿Dónde están nuestros derechos», preguntaba Marcela en el canal TodoNoticias, del grupo.

Los jóvenes, de 36 años, se sometieron a ese proceso y entregaron su ropa porque lo había ordenado la juez Arrollo Salgado, la misma con la que habían estado una hora antes, en su despacho, donde se habían negado a que les hicieran una extracción de sangre. «Si la magistrada había adoptado esa decisión pudo aprovechar el momento en que los tenía delante en el Juzgado, hacerles pasar al baño y pedir que les trajeran ropa. El resultado habría sido el mismo sin necesidad de humillarles y someterles a ese rally peligroso», observa una veterana penalista.

Culpables, bajo sospecha permanente, hasta el abogado de las familias querellantes, Pablo Llonto, anticipaba sentencia antes de conocerse las pericias que le quitarían la razón. El letrado, ex empleado de «Clarín» y enfrentado con la empresa, aseguró: «Está comprobado que son apropiados».

También declaró públicamente que el periódico de mayor circulación e influencia en Argentina «utiliza a Marcela y a Felipe como un escudo para proteger a Ernestina Herrera de Noble». El abogado de ésta, el ex juez federal Gabriel Cavallo, el mismo que declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que eximieron de responsabilidad penal a cientos de represores de la dictadura, recuerda que «en marzo del 2010 Cristina Fernández sugirió que —su cliente— era una apropiadora o que el jefe de Gabinete, Anibal Fernández dijo que «las víctimas no tienen derechos».

En entrevista con «Clarín», Cavallo vuelve a poner el acento en la manipulación oficial con el caso: «Marcela y Felipe se enteraron de que había dado negativo el ADN por un cable de la agencia oficial de noticias. Eso no es lo más razonable. Esperaban que nosotros les diéramos la información oficial del juzgado». La agencia Telam mantuvo el despacho en su sitio web once minutos . Era demasiado aséptico.

Marcela cumple cada día con sus obligaciones en las oficinas del Grupo Clarín. Está considerada la heredera. La gente que la rodea la define como una mujer trabajadora, inteligente, muy respetuosa y práctica. Con los medios de comunicación se defiende bien, con mayor soltura que su hermano. Felipe es otro perfil, casado, más tímido, es un artista que no quiere saber nada de los negocios de familia. Los dos buscan vivir su vida en paz, apartarse del ring de un combate político que les ha puesto en el centro del cuadrilátero. Todo, si les dejan.