Gallardón recorta 3.317 empleos

La política de recortes del Ayuntamiento se ha centrado en el capítulo de gasto corriente: lo que se gasta en los servicios que presta. Así, empezó reduciendo un 15 por ciento lo que pagaba a las empresas que se encargan de la recogida de la basura, la limpieza de las calles o el mantenimiento de parques y jardines. Pero también araña todo lo que puede del resto de capítulos, incluido el de personal.

Aquí, cuenta con una plantilla de unos 27.000 funcionarios y 3.500 laborales. Y desde 2009, el Gobierno local no renueva las plazas que quedan vacantes. De este modo, ha suprimido 1.700 puestos de trabajo, a los que ahora se suman los 322 que anunció ayer, mas las 2.995 plazas no dotadas presupuestariamente —que, si lo estuvieran, habrían supuesto un ahorro de 134 millones de euros—.

La medida fue rechazada de plano por los sindicatos. Pedro Delgado, de CC.OO., advirtió que el recorte redundará en un empeoramiento de la calidad de los servicios públicos, y reclamó al Gobierno local que reduzca cargos de confianza. Por su parte, Luis Miguel López, de UGT, dijo que el Gobierno local no les había informado de sus planes, consideró el anuncio como «demagógico» y pidió que la tijera se aplicara en otros conceptos, entre los que apuntó «los 52 millones de euros en alquileres de edificios; el de Hacienda cuesta 10,4 millones al año; el de Movilidad, 12 millones y el de Servicios sociales, 3,3».

Con los recortes anunciados, y otros que vendrán, el Gobierno local intenta hacer frente a su endeble economía. El Ayuntamiento arrastra una deuda que a 31 de diciembre será de 6.061 millones de euros. La mayor parte de la misma procede de la obra de soterramiento de la M-30, que Ruiz-Gallardón llevó a cabo en solitario —sin ayuda de otra administración—entre los años 2003 y 2007, con un coste superior a los 4.000 millones de euros. A ella se han sumado otras inversiones de gran calibre, como la construcción del Palacio de Cibeles, en cuya reforma se han invertido más de 100 millones de euros.

Afrontar los gastos de mantener Madrid funcionando, pagar a los funcionarios y un mínimo gasto en reposición se «come» literalmente los presupuestos anuales, que rondan los 4.400 millones de euros. Para afrontar los años que vienen, el Ayuntamiento ha elaborado un plan económico-financiero y un plan de saneamiento, que ayer llevó a comisión informativa y que deberá aprobarse en el próximo pleno.

El plan económico-financiero es una obligación legal: el Ayuntamiento debe presentarlo al Ministerio de Economía por haber cerrado con déficit sus cuentas del año 2010. En él, se plantea un escenario de máxima austeridad hasta 2015, que sólo puede cumplirse si el Gobierno central autoriza una modificación de la Ley de Haciendas Locales que permita al Ayuntamiento refinanciar cada año los vencimientos ordinarios de deuda.

La oposición mostró ayer sus dudas sobre ambos planes y sobre la anunciada austeridad local. El concejal Jorge García Castaño, de IU, denunció que al final la crisis «la van a pagar los ciudadanos con la subida del IBI y con la rebaja de los servicios municipales», y exigió que el esfuerzo se haga en otra dirección: «Pidan moratorias a los bancos para pagarles la deuda». IU votó en contra de los planes económicos. Otro tanto hizo el PSOE: su concejal Noelia Martínez entiende que el Ayuntamiento está «desesperado por las cuentas» y le echa la culpa «siempre al empedrado».