El Tribunal de Justicia de la UE declara ilegales las «vacaciones fiscales vascas»

En 1993, los Territorios Históricos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa adoptaron tres Normas Forales que preveían la exención del Impuesto de Sociedades durante un periodo de 10 ejercicios fiscales a favor de las empresas de nuevas creaciónque reuniesen ciertos criterios.

Ya en 1994 las mencionadas Normas Forales fueron objeto de una denuncia ante la Comisión Europea, lo que se tradujo en noviembre de 2000 en la apertura de un procedimiento de infracción del Ejecutivo comunitario contra las mencionadas normas por entender que no eran compatibles con el mercado común al suponer ayudas de Estado para las que no se había pedido autorización a Bruselas, al tiempo que pidió al Gobierno español que recuperase el dinero ilegalmente deducido.

Posteriormente las Diputaciones Forales del País Vasco introdujeron diversos recursos ante el Tribunal de Primera Instancia en los que pedían la anulación de la decisión de la Comisión , de noviembre de 2000, por la que se inició el procedimiento previsto en el Tratado en materia de ayudas de Estado contra la exención del Impuesto de Sociedades a favor de empresas de nueva creación concedidas por las Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

Además los demandantes solicitaban la anulación de las decisiones de la Comisión, de diciembre de 2001, adoptadas al término de los procedimientos formales de investigación y en las que la Comisión consideró que los regímenes de exención mencionados no eran compatibles con el mercado común y ordenó a España que recuperase el dinero.

El Tribunal de Primera Instancia de la UE desestimó ambos recursos y confirmó las decisiones de la Comisión , lo que fue objeto del consiguiente recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE cuyo fallo se ha dado a conocer esta mañana en Luxemburgo.

Cabe recordar que este caso, en concreto la investigación y posterior denuncia de la Comisión contra el Gobierno español, es fruto de la denuncia presentada en 1994 por la Cámara de Comercio e Industria de la Rioja y la Federación de Empresas de la Rioja, a la que se añadieron posteriormente algunas otras empresas y entidades.

La cuestión ahora es conocer la próxima decisión del Tribunal sobre el recurso presentado por la Comisión Europea en mayo de que imponga una multa millonaria a España por no haber recuperado la totalidad de estas ayudas de Estado ilegales , en forma de exención fiscal, desde el año 2001. Bruselas pidió una multa diaria de 236.044 euros por cada día que transcurra entre hoy y hasta que España acate la sentencia, y otros 25.817 euros por cada día transcurrido desde la primera resolución, dictada en diciembre de 2006, hasta que se emita la segunda.

Tras el fallo de este jueves, ante el que no cabe recurso, el Tribunal de Justicia de la UE sólo tiene pendientes la resolución de los recursos sobre las otras dos «patas» de las conocidas como «vacaciones fiscales vascas», que son el crédito fiscal del 45% del importe de la inversión en activos fijos materiales nuevos y la reducción gradual de la base imposible del Impuesto sobre Sociedades aplicada desde 1995.

Los jueces de Luxemburgo han confirmado este jueves la decisión de primera instancia y afirmaron que las diputaciones no tienen razón al argumentar que la larga duración del procedimiento que inició la Comisión en 1995 les hizo pensar que no había problemas con las ayudas, ya que ellas mismas contribuyeron a que el proceso se alargase con su falta de colaboración y al no notificar las medidas.

En concreto, recalca que el hecho de que la CE no se pronunciase en largo tiempo no podía entenderse en ningún caso como una autorización expresa o implícita de los regímenes fiscales vascos.