Auto demoledor contra Garzón por las escuchas de la Gürtel

Baltasar Garzón también será juzgado por las escuchas del «caso Gürtel». El instructor de esta causa, el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, ordenó ayer la «apertura del juicio oral», es decir, la fase del procedimiento que, sin vuelta atrás posible, culminará con el juez de la Audiencia Nacional sentado en el banquillo por un delito continuado de prevaricación y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales. Este juicio se suma así al que también deberá celebrarse por la investigación de Garzón sobre la Guerra Civil y el franquismo, aunque de momento no hay fecha para ninguno de los dos.

La apertura de juicio oral tendrá como efecto a corto plazo una nueva suspensión cautelar del magistrado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); no obstante, en la práctica no supondrá variación alguna en la situación administrativa de Garzón, ya suspendido tras conocerse, hace un año, que iba a ser juzgado por la «memoria histórica». Fuentes del CGPJ indicaron que este órgano, que ya ha recibido de forma oficial el auto del Supremo, iniciará hoy mismo los trámites y pedirá al fiscal que informe.

En el auto conocido ayer, el magistrado Jorge asegura que, el 19 de febrero de 2009 —una semana después de encarcelar a los tres principales imputados del «caso Gürtel», Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez—, Garzón «decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales que mantuvieran los internos con sus abogados en los locutorios». Y lo habría hecho «con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso que no tenía la seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos».

Garzón justificó las escuchas, entre otras razones, en la sospecha de que los abogados «pudiesen actuar como “enlace”» de los tres acusados con el exterior, «en claro interés de la propia organización y con subordinación a ella». Y mantuvo viva la intervención de las comunicaciones también cuando Correa, Crespo y Sánchez cambiaron de defensores.

El instructor del Supremo mantiene que Garzón ordenó esas escuchas «sin indicio incriminatorio alguno ni sospecha» que vinculara a los nuevos abogados a la trama Gürtel; también asegura que, como su objetivo era obtener información, «le resultó indiferente» que las conversaciones entre los internos y los letrados «no tuvieran otro contenido que aspectos nucleares sobre las estrategias de defensa». Así las cosas, el 20 de marzo prorrogó la medida. Su decisión contaba con el beneplácito de la Fiscalía Anticorrupción.

A través de las escuchas, la Policía, la Fiscalía y Garzón supieron del pago de facturas relativas a unas casas construidas por Correa; de la trama de Valencia y, en concreto, de la construcción de un campo de golf y «el tema de los trajes de Camps»; nuevos datos sobre el alcalde de Arganda; la «coordinación» de las declaraciones de varios imputados; el «pen drive» y la explicación que debería dar Correa al juez sobre su contenido; la declaración de una testigo y la articulación de la defensa por delito de cohecho.