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El fraude de ayudas de la UE supera los 25 millones y salpica a 1.600 empresas

Las presunta gestión irregular desde la Junta se cometió al menos desde 2009 y alcanza a la era ChavesPumpido confirma que, tras seis meses de investigación, esta se prorrogó y está a punto de judicializarse

Día 05/03/2011

La investigación del fraude masivo en la concesión de ayudas de la Unión Europea al empleo en Andalucía, gestionadas por la Junta, alcanza a unas 1.600 empresas de distintos sectores, según ha podido saber ABC. Esta cifra, unida a la cuantía económica que se baraja, apunta a un escándalo mayor aún que los de los ERE destapados hasta el momento o el caso Mercasevilla.

Las estimaciones más conservadoras señalan que la Junta andaluza podría haber repartido más de 25 millones de euros en estas concesiones de ayudas al empleo que se vienen produciendo al menos desde el año 2009, es decir, bajo la presidencia de Manuel Chaves (que dejó el cargo en abril de ese año). «La cifra podría aumentar», según las fuentes consultadas. Las irregularidades se habrían dado en todas las provincias andaluzas, como avanzó ayer ABC.

Solo unas horas después de que este periódico diera cuenta de las investigaciones abiertas por la Guardia Civil, a instancias y con el impulso de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, confirmó en Sevilla que las pesquisas sobre fondos europeos canalizados por la Junta se llevaron a cabo durante seis meses y después fueron prorrogadas ante el alcance de los hechos perseguidos y el volumen del presunto fraude.

Además, Pumpido explicó que la investigación está casi concluida y que en breve se va a enviar a los órganos judiciales correspondientes. El fiscal general no detalló si la judicialización del caso se producirá antes o después de las elecciones del 22-M.

El mecanismo de fraude en los programas de apoyo al empleo seguía un esquema común. Una empresa radicada en alguna de las ocho provincias se ponía en contacto con el organismo correspondiente de la Junta andaluza y contrataba a varias personas; a cambio, recibía la subvención fijada por esa contratación. El empresario daba de alta en la Seguridad Social a los nuevos trabajadores, pero solo el tiempo estrictamente necesario para cobrar la ayuda. Cuando pasaba ese periodo (a veces solo unos días), despedía a los empleados y se embolsaba el beneficio.

Negligencia de la Junta

El fiscal general no quiso pronunciarse ayer sobre si la investigación alcanza también a la presunta negligencia de la Junta en el control de estos fondos, como parece desprenderse.

La actuación del Gobierno andaluz, según las fuentes judiciales consultadas, fue cuanto menos negligente o poco rigurosa, dado que en ningún caso cruzaba sus datos con los de la Seguridad Social para hacer un seguimiento de esas contrataciones que estaba «subvencionando», gracias a los fondos procedentes de la Unión Europea y que no tenían continuidad en el tiempo.

Conde-Pumpido detalló ayer que además de las empresas investigadas —él no aportó una cifra, aunque como se ha dicho podrían estar involucradas 1.600 sociedades— «si hay otras responsabilidades, se derivarán de la investigación judicial».

Todo apunta a que la investigación llevada a cabo hasta el momento y que comenzó hace más de medio año tiene un carácter muy exhaustivo. De hecho, una vez destapados los primeros casos en Cádiz —a raíz de otras presuntas irregularidades protagonizadas por sindicatos en la gestión de cursos de formación—, la Fiscalía del Tribunal Superior de Andalucía ordenó a todos los fiscales provinciales que abrieran sendas investigaciones en sus demarcaciones para ver si se trataba de una trama organizada. Los expertos de Guardia Civil fueron los encargados de las pesquisas.

Uno de los interrogantes que sigue abierto se refiere a las personas que canalizaron o favorecieron este fraude masivo. Los agentes investigan si entre las empresas que se beneficiaban de las ayudas y la Junta de Andalucía, encargada de gestionar esos fondos, han existido intermediarios que también habrían sacado tajada de estas irregularidades.

El PP ya ha pedido la comparecencia urgente del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en un pleno del Parlamento andaluz, y las del ex presidente Manuel Chaves y otros cincuenta altos cargos, en una comisión, para que expliquen el nuevo caso de fraude masivo. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, se refirió a la información de ABC y aseguró que «se trata de otro hito gravísimo en las políticas de empleo» de la Junta. «Todas las políticas de empleo de la Junta están viciadas», criticó Sanz quien calificó la Consejería de Empleo como «la cueva de Alí Babá», tras recordar los ERE y las ayudas a empresas afines al PSOE.

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