Un juez de Bilbao obliga al Ayuntamiento de Durango a retirar el callejero etarra

El tribunal reprocha la «inactividad» que el ayuntamiento ha mantenido en los últimos años ante «las reiteradas solicitudes» de la Asociación Dignidad y Justicia para que pusiera fin a semejante ofensa. La resolución constituye un paso importante hacia la erradicación del callejero de ETA, denunciado por ABC en 2007. Aunque aún quedan municipios vascos y navarros, demasiados, que enaltecen a algunos de los más claros exponentes del genocidio etarra.

La sentencia estima el recurso presentado por la asociación de Daniel Portero, que consideraba un «menoscabo al honor y a la dignidad de las víctimas del terrorismo y de sus familiares» que, por ejemplo, la plaza en la que se ubica el consistorio llevara el nombre de Juan Paredes Manot, «Txiki», y Ángel Otaegi —condenados a muerte y ejecutados en septiembre de 1975—. En su opinión, este homenaje diario a los pistoleros es «contrario» a la Ley 4/2008 de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo.

El Ayuntamiento de Durango se ha escudado en que nunca hubo un acuerdo municipal y, por tanto, «tampoco existe placa, monolito o recordatorio institucional a la memoria de miembros de organizaciones terroristas». Y, tras aportarse las correspondientes pruebas fotográficas, contestó que «habían sido colocados por personas físicas o jurídicas desconocidas por la Administración». Los jueces recuerdan al consistorio que aun así es competente para retirar cualquier simbología del terror.