Gitanos repatriados

LA libertad de circulación de las personas es un derecho fundamental garantizado por todos los Estados democráticos y se consagra como elemento básico en el proceso de integración europea. Sin embargo, no existen derechos absolutos y —en este caso— la realización de actividades ilegales constituye una causa suficiente para limitar su ejercicio por razones de orden público. En estos términos ha de analizarse la expulsión por parte de Francia de ciudadanos rumanos y búlgaros de raza gitana. El debate, cargado de prejuicios ideológicos en uno u otro sentido, debe ser enfocado con racionalidad y sin eludir los complejos problemas que plantea. Tal vez las autoridades francesas podrían haber reforzado las garantías jurídicas mediante procedimientos individualizados frente a la imagen polémica de una expulsión en masa. No obstante, las leyes están para cumplirlas y no es lícito en ningún caso establecer campamentos ilegales o favorecer a las mafias que trafican impunemente con seres humanos.

Con todos sus defectos e insuficiencias, la plena integración de los inmigrantes es el único principio razonable para hacer frente a la realidad multicultural que se manifiesta hoy día en todos los países desarrollados. Las razones que invoca París ante la UE están basadas en la propia normativa comunitaria, que permite excepciones a la libre circulación cuando no hay recursos suficientes para la permanencia en el país o cuando ésta suponga una carga desproporcionada a la Seguridad Social. Nicolás Sarkozy ha planteado con realismo una cuestión inaplazable, al margen de retóricas buenistas o de discursos vacíos de contenido, porque los políticos sensatos tienen el deber de afrontar los problemas antes de que estallen conflictos irresolubles para la convivencia democrática.