Corbacho planea ampliar a 20 años el periodo de cálculo para la pensión

En el mes de febrero, el Gobierno envió a Bruselas su propuesta para reformar las pensiones y garantizar la sostenibilidad de un sistema amenazado por el cambio de la pirámide poblacional. En este sentido, el Ejecutivo hacía públicas tres medidas que debían concretarse en un documento más extenso dentro del Pacto de Toledo. La más polémica fue la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años, que según los cálculos del Ejecutivo permitiría ahorrar 20.000 millones de euros en 2030. Pero en el texto también se incluía elevar a 17 años, desde los 15 actuales, el periodo de cotización necesario para cobrar una pensión —que ahorraría 4.000 millones de euros— y aumentar de 15 a 25 años el periodo que se toma como referencia para el cálculo de la cuantía de la prestación —lo que liberaría recursos por unos 16.000 millones—. En total, según los cálculos del Ministerio de Economía, esta reforma permitiría disminuir en gasto en pensiones en cuatro puntos del PIB, unos 40.000 millones de euros.

La polémica desatada provocó, entonces, la rectificación del Ejecutivo, que eliminó del texto las propuestas concretas, y lo remitió a la comisión del Pacto de Toledo, que el próximo mes de septiembre tiene que emitir un informe al

respecto.

La propuesta se quedaba corta para muchos economistas, que recomendaban una reforma urgente para evitar situaciones de desigualdad evidentes. Mientras para los sindicatos era excesiva y perjudicial por considerar que se cargaba al colectivo de pensionistas con el coste del ajuste. Después de meses en los que el debate ha quedado relegado por la reforma laboral, el propio comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, urgió ayer a definir de una vez la reforma del sistema de pensiones bajo unas reglas fiscales simples y claras.

Sistema desigual

La revisión del número de años trabajados que determinan la cuantía de la pensión saltó ayer a la palestra con las declaraciones de Corbacho, quien recomendó una ampliación de esta base de cómputo ya que, en el sistema actual, «se penaliza mucho a las personas que pierden su trabajo en la última etapa laboral». En este supuesto, el ministro explicó que si un trabajador se quedase en el paro en los últimos años de cotización, con el actual sistema, se jubilaría con una pensión mínima aunque hubiera cotizado 40 años.

No obstante, y aunque la propuesta está en línea con las recetas de los principales organismos nacionales e internacionales, la consecuencia inmediata de ampliar el número de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, es una rebaja de la mayoría de las prestaciones, como demuestra el ahorro de costes que prevé el Ejecutivo.

Mientras se dan tímidos pasos hacia una profunda modificación del estado de bienestar, que sin duda se traducirá en un recorte de las prestaciones, el gasto en pensiones contributivas alcanzó en agosto los 6.790 millones, un 5% más que en el mismo mes de 2009. Del total, 4.568 millones corresponden a la prestación por jubilación, que cuenta con una pensión media de 886,40 euros mensuales, un 3,5% más que hace un año.

Sin embargo las diferencias entre los más

de ocho millones de beneficiarios son grandes dependiendo de su lugar de residencia. Los más afortunados son los que viven en País Vasco, Asturias y Navarra, que cobran cerca de 300 euros más de media que los que residen en Murcia, Extremadura y Galicia.