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Jueves , 08-04-10
LA imputación de un juez por un delito de prevaricación es una de las peores noticias que puede recibir una sociedad democrática, confiada a la seguridad que debe proporcionarle el Estado de Derecho, por el cual todos los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos al imperio de la ley y al control judicial. Por eso, no es para celebrar que Baltasar Garzón haya sido formalmente imputado por prevaricar en el mal llamado caso del franquismo o la memoria histórica, proceso penal manipulado hasta en su denominación vulgar. Pero lejos de ser esa imputación una anomalía del sistema, menos aún el fruto de una conspiración, responde al funcionamiento de principios elementales del orden constitucional, como el de legalidad y el de igualdad. Son precisamente estos principios los que los apologistas de Garzón han querido dejar en suspenso para poder reivindicar su inocencia. El argumento principal de sus defensores extrajudiciales -porque su defensa judicial está en manos muy expertas- es que las causas instruidas por Garzón son de tal nivel ético que quedan al margen de esos inoportunos fundamentos de toda sociedad jurídicamente organizada.
¿Un juez más?
El problema es que el propio Garzón ha llegado a creerse esta excepcionalidad, perdiendo la perspectiva de sí mismo como un juez más de la organización jurisdiccional española, sometido a las leyes y a la Constitución de su país, a las que ha sustituido en ocasiones por unas construcciones teóricas a la carta, emanadas de su voluntarismo, no del Parlamento. Ningún mérito se le debe restar en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada, la corrupción o los crímenes contra la Humanidad, pero por muy nobles que fueran estas causas -gestionadas con audacia cercana a la temeridad e instruidas a veces con notorias deficiencias-, ninguna podía actuar como excusa absolutoria de las irregularidades cometidas. Y si algo ha caracterizado la carrera profesional de Baltasar Garzón ha sido la extraordinaria generosidad que con él han tenido la opinión pública, los medios de comunicación, los gobiernos de todo signo y, principalmente, el Consejo General del Poder Judicial.
Las causas abiertas a Garzón en la Sala Segunda del Tribunal Supremo nada tienen que ver con los delitos que ha investigado como instructor, si no con su forma de aplicar el Derecho. No hay en el Supremo un solo procedimiento penal abierto contra Garzón por investigar a corruptos, sino por quebrar derechos de abogados e imputados; ni por investigar el régimen franquista, cosa que nunca ha hecho y que, así dicho, es un reduccionismo chusco que busca disculparlo con la excitación de sentimientos frentistas. La razón es más sencilla: ha podido prevaricar, porque un juez no tiene poder para derogar leyes del Parlamento, como la de Amnistía de 1977, ni para construir delitos al margen de la ley penal vigente en España, vulnerando las reglas de tipicidad, competencia e irretroactividad. Fue el Ministerio Fiscal el que reprochó a Garzón haber iniciado una causa penal que «incumple las más elementales normas del proceso penal». Nadie está al margen del precepto del derecho que ordena dar a cada uno lo suyo.
Profesor Derecho
Procesal UCM
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