El aborto siembra discordia

No faltan ya voces que recuerdan a Rodríguez Zapatero su «error» por haber apoyado el nombramiento de Carlos Dívar, jurista ampliamente reconocido, que además es persona con sólidas y conocidas convicciones católicas. Quizá fuera, desde esa perspectiva táctica, un «error», pero siempre que el gobierno socialista hubiera demostrado respeto y consideración por las opiniones de los órganos consultivos del Estado cuando eran críticas con sus proyectos de leyes. Pero no sólo no le ha importado lo que dijeran estos órganos, sino que ha procurado deslegitimar sus dictámenes en contra apelando a conspicuas mayorías conservadoras -como la del Consejo Fiscal, contrario a la reforma del aborto- o a torpes influencias clericales, como sucedió con los informes del Consejo de Estado o del CGCPJ sobre el matrimonio homosexual.

Cabe esperar que la reacción a lo que hoy pase en el CGPJ sea de indiferencia por parte del Gobierno en lo que signifique de división y discordia, y, por el contrario, de aprovechamiento para buscar réditos parlamentarios, por ejemplo, asegurándose el voto del PNV en el Congreso de los Diputados, con más motivo al ser su vocal, Margarita Uría, la ponente del informe favorable a la ampliación del aborto. Tampoco es irrelevante que hoy mismo los socialistas vascos y el PNV inicien una ronda de contactos sobre la propuesta de estabilidad institucional que lanzaron los nacionalistas al lendakari López.

La división y el enfrentamiento son los rastros que está dejando el empecinamiento de Rodríguez Zapatero por implantar en España el aborto libre, sobre el que no existe el más mínimo de ese consenso en el que se refugian los socialistas para justificar su iniciativa. Ha dividido al Consejo Fiscal, al Consejo del Poder Judicial, al Congreso de los Diputados. Divide a la sociedad, que esta vez no ve en la reforma del aborto avance social alguno. Y dividirá a todas las instituciones por las que tenga que pasar esta ley. Esto sucede porque es un proyecto ideológico de la izquierda, empeñada en implantar en España un modelo social basado en sus prejuicios más sectarios sobre la familia, la autoridad paterna y el valor esencial de la vida. 120.000 abortos al año deben parecer pocos al PSOE, pese a que es una cifra atroz que más merecería una decidida acción política para aminorarla, antes que para aumentarla.

El CGPJ no será la última víctima de esta agresión política del PSOE a la sociedad española. Habrá más, pero realmente la oposición al aborto libre es una pugna por principios y valores a la que no se debe renunciar.