Acusan al alcalde de Calatayud de prevaricación tras declarar ante la juez

Ahora, ante lo que declaró el alcalde, la documentación de que se dispone y cómo se sucedieron los acontecimientos durante meses, la acusación considera que Víctor Ruiz incurrió también en un delito de prevaricación. Así lo ha hecho constar en un nuevo escrito presentado ayer ante el juzgado de Instrucción número 1 de Calatayud, donde se siguen las diligencias previas por este caso.

Para avanzar en la investigación judicial, el escrito de la acusación solicita a la juez que reclame al Ayuntamiento diversa documentación relacionada con la cesión de esta nave a la empresa Auxidcoc. Y también le pide que llame a declarar en calidad de testigo a Ángel Júlvez, ex-concejal del PSOE y asesor fiscal del empresario José Luis Santo, propietario de Auxidcoc.

Considera la acusación que Víctor Ruiz entregó esa nave a Auxidcoc «de forma arbitraria y discrecional, sin causa alguna que lo justifique». Y subraya que lo hizo «sin acuerdo administrativo, contrato ni documento que habilite o justifique la permanencia legal» de esa sociedad en dicho edificio. La nave es contigua a la que ocupa Carpintería Santos, ligada también a José Luis Santos, que declaró el viernes como testigo.

Subraya igualmente que el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI), meses después de que ese edificio empezara a ser usado por Auxidcoc, emitió un informe negativo a la cesión de la nave a esa empresa. No era un proyecto innovador, según indicaba el CEEI en sus conclusiones. Ese informe era preceptivo para dar en uso este edificio. Además, aunque el informe hubiera sido favorable, debería haberse emitido antes de ceder la nave. Y dicha cesión sólo podía haber sido realizada con un contrato de arrendamiento, según establece el convenio firmado en su día entre los dos copropietarios del edificio, el Ayuntamiento y el Gobierno aragonés.

Cesión arbitraria

La acusación también destaca que la documentación que el alcalde ha llevado al juzgado para defenderse fue realizada después de que se destapara el caso y de que aparecieran las primeras informaciones al respecto, que en su momento recogió ABC.

En el mismo escrito presentado ayer ante el juzgado se indica que la actuación de Víctor Ruiz «representa de forma clara» el delito de prevaricación recogido en el artículo 404 del Código Penal, por haber acordado la cesión gratuita de forma arbitraria y a sabiendas de que no se ajustaba a la legalidad. Además, la acusación también cree constatado que el alcalde trató de corregir y justificar esas irregularidades con actos e informes solicitados después de que se destapara el caso.

El Código Penal castiga el delito de prevaricación con la pena de entre siete y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.