ETA ordena a los ediles de ANV que pasen a denominarse «izquierda abertzale»

Según los medios consultados por ABC, el objetivo prioritario de esta muda es blindar a su última marca electoral, convencida la banda de que ANV sería ilegalizada. Además, el «complejo ETA» quería hacer frente a iniciativas como las adoptadas por los ayuntamientos de Pamplona, Baracaldo e Irún, que decidieron disolver el grupo de ANV. La disolución no evita que mantengan sus concejalías, pero les retira la subvención económica asignada como colectivo.

El plan de acuñar el término genérico de «izquierda abertzale» fue diseñado por ETA como primera intentona de colar en las últimas municipales a la ilegal Batasuna que, pese al entonces vigente «proceso de paz», se resistía a someterse a una refundación para pasar el filtro de la Ley de Partidos. Los estrategas etarras encontraron coartada en un auto dictado por Garzón, quien afirmó que no toda la izquierda abertzale es ETA y Batasuna.

Imagen de cohesión

Pero, además, ETA intenta transmitir a sus bases una imagen de cohesión ante el acoso judicial, y evitar la dispersión con una Batasuna en la semiclandestinidad, un PCTV cautivo en el Parlamento vasco y, por el contrario, una ANV que iba adquiriendo un protagonismo que llegó a causar no pocos recelos en los grupos más ortodoxos del autodenominado MLNV. Con la marca «izquierda abertzale» se consigue un nombre único para todos los grupos municipales de ANV que serán disueltos y se garantiza una unidad política muy productiva mediáticamente.

Sin embargo, la estrategia del cambio de denominación servirá bien poco a las pretensiones de ETA. Basta recordar el precedente de Batasuna, que en abril de 2002 intentó adelantarse a las consecuencias de su posible ilegalización cambiando la denominación de su grupo parlamentario por la de Sozialista Abertzaleak (SA). Un año después, el Supremo ordenó la disolución de dicho grupo por tratarse de «un artificio encaminado a obstaculizar los efectos de la ilegalización».

La disolución de los grupos municipales parece, pues, una consecuencia inevitable de la muerte civil de ANV. Y en el caso de que el Supremo choque con la negativa de los responsables de los consistorios afectados, éstos deberán atenerse a las consecuencias y, de nuevo, recordar el precedente de Batasuna. La negativa del Parlamento vasco a disolover SA se saldó con la condena por delito de desobediencia del que fuera su presidente, Atutxa.

En la práctica, la disolución de los grupos supondrá que los concejales no podrán agruparse bajo las siglas ANV (pues el partido ya no existe), pero en ningún caso la pérdida de su condición de electos. Es decir, seguirán ocupando sus cargos. Según consolidada doctrina (cuyo origen está en una sentencia del TC de 1983), el escaño (en este caso el cargo municipal) pertenece a la persona que ha resultado elegida por los ciudadanos y no al partido.

El Gobierno no hará nada

Tampoco parece factible la disolución de los ayuntamientos. Moncloa aseguró anoche a ABC que «no está previsto que el Gobierno disuelva los ayuntamientos que gobierna ANV». En este sentido, fuentes jurídicas aseguran que esta decisión no puede ser consecuencia de la ilegalización sino, en todo caso, de la comprobación de la comisión de delitos por cada uno de los ediles proetarras. Otras fuentes del Gobierno reconocieron que es «difícil» que los tribunales convaliden la disolución de los consistorios.

En cualquier caso, el Ejecutivo prefiere recabar informes de la Abogacía del Estado, de Administraciones Públicas y Moncloa antes de lanzarse a tomar una decisión que, según las fuentes consultadas, de ser rechazada por el TS, podría «volverse en contra» porque legitimaría «de facto» a los alcaldes y ediles filoetarras.

El Gobierno teme que si actúa ahora como lo hizo en el caso de Marbella, el decreto podría ser recurrido por los afectados y, eventualmente, por el Gobierno vasco y los partidos nacionalistas. Algo que no ocurrió en el caso del consistorio andaluz porque la disolución se produjo tras la detención y encausamiento de sus miembros por delitos de corrupción. Ahora, el Ejecutivo no tiene claro que el Supremo pueda convalidar una decisión así. «Rentería no es Marbella», reconocía ayer gráficamente a ABC una de las fuentes consultadas. «Una cosa es que ANV haya sido ilegalizada» -añaden- y otra demostrar que el alcalde o concejal electo han hecho un uso fraudulento de su cargo «en la gestión».