El Defensor del Pueblo confirma que hará «un informe singular» sobre la violencia vicaria

«Tristemente cabe destacar de nuevo la gravedad de la violencia contra las mujeres y la violencia vicaria. La persistencia de esta forma de violencia y la complejidad para abordarla exige la cooperación de muy diversas instancias públicas«, ha declarado Ángel Gabilondo durante la presentación en el Pleno de la Cámara Baja de los informes anuales que recogen las principales líneas de actuación de la institución que dirige en 2022 y en 2023.

En su intervención, ha recordado que este año la institución ha subrayado «las posibilidades de mejora, como el concepto de víctima y su acreditación, que debe ser ágil y sencilla». «La actuación policial, la adecuada formación y sensibilidad de cuantos trabajan cerca de las víctimas. El papel de los puntos de encuentro familiar o el de los equipos psicosociales adscritos a los juzgados. Todas han sido objeto de análisis y numerosas recomendaciones. Nuestra institución va a elaborar un informe singular sobre la violencia vicaria», ha confirmado.

Ángel Gabilondo ya había afirmado que estaba «pensando» en hacer un informe monográfico sobre la violencia vicaria, durante una comparecencia el pasado 26 abril en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo del Congreso de los Diputados para presentar el informe sobre su correspondiente gestión durante los años 2022 y 2023.

Este jueves, ante el Pleno del Congreso, el Defensor del Pueblo también ha repasado algunos temas recogidos en los informes de los años 2022 y 2023, como son las ayudas y rentas autonómicas o municipales, el sinhogarismo o el Ingreso Mínimo Vital sobre el que ha recibido «alrededor de 1.000 quejas, solo en 2023, especialmente por retrasos para la resolución de las solicitudes o las reclamaciones, o por la rigidez en el modo de acreditar el cumplimiento de los requisitos».

A su juicio, es necesario trabajar «para consolidar un verdadero sistema estatal de garantía de ingresos, que tenga en cuenta el conjunto de prestaciones asistenciales». «Un sistema estable y cohesionado, que articule la acción de todas las administraciones públicas en este deber social de lucha contra la desigualdad», ha remachado.

En cuanto a la atención a los menores en situaciones de riesgo, como los cerca de 5.000 niños y niñas no acompañados llegados a Canarias, el Defensor del Pueblo ha vuelto a reclamar «soluciones consensuadas y estables para que las comunidades autónomas colaboren en la acogida de estos menores».

Gabilondo ha señalado que dos de los principales retos se encuentran en la necesidad de revisar el sistema de protección internacional para paliar las dificultades de acceso y la demora en la tramitación de las solicitudes, y en la gestión de la acogida de aquellas personas que, por diversos motivos, no pueden ser expulsadas o devueltas a su país de origen.

Respecto a Educación, Ángel Gabilondo ha insistido en que hay que tender a la universalidad y la gratuidad del primer ciclo de educación infantil y que, a pesar del mayor esfuerzo realizado por las comunidades autónomas, sigue habiendo insuficiencia de plazas.

Las dificultades en el acceso a la vivienda, sobre todo para los jóvenes y los colectivos vulnerables, es otro de los asuntos que provocan numerosas quejas. Según ha remarcado Gabilondo, la institución continúa solicitando a todas las administraciones que incrementen y optimicen los recursos existentes de vivienda protegida y de vivienda social. Además, se está siguiendo con atención el despliegue de medidas de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, y la gestión del Bono Alquiler Joven, de cuya gestión en algunas comunidades autónomas ha señalado que «no es la apropiada y muchos beneficiarios varios meses después de su solicitud aún no habían recibido el bono».

Gabilondo ha detallado que en 2022 y 2023 el Defensor del Pueblo atendió, telefónica o presencialmente, a 74.962 personas, tramitó 67.055 expedientes, emprendió 538 actuaciones de oficio y dirigió 4.864 resoluciones a las diferentes administraciones. «El 70% de las resoluciones que se emiten desde el Defensor del Pueblo son aceptadas por las administraciones», ha recalcado.