El Ingreso Mínimo Vital solo ha llegado al 12% de los que viven por debajo del umbral de pobreza

«Las familias que perciben la renta básica de subsistencia por tener ingresos inferiores a lo que se considera ‘renta garantizada’ son sólo 392.902 hogares (1.006.763 personas), el 2,1% de la población española», aseguran desde la organización. No obstante, el total de beneficiarios del IMV ascendía en abril a 589.948 familias, 1.771.480 personas, ya que el concepto engloba tanto la renta básica de subsistencia, para familias con ingresos por debajo de la renta garantizada, como el complemento de ayuda para la infancia que permite completar las rentas inferiores a tres veces la renta garantizada.

La nueva prestación fue aprobada en 2020 y presentada como la medida estrella del Gobierno de coalición en plena pandemia. Pretendía reducir en un 80% la pobreza extrema en España y la previsión inicial era llegar a 850.000 familias. Lo que, agregan desde la asociación, se traduce en un 17% de la población española, 2,3 millones de personas. Sin embargo, cuatro años después, «solo se ha alcanzado el 46,2% de cobertura».

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En este sentido, los Directores y Gerentes en Servicios Sociales lamentan que el Gobierno no haya cumplido con su objetivo: «Se planteó que en unos meses llegaría el IMV a las todas las familias que malviven en la pobreza extrema en nuestro país. Mientras tanto, la persistencia de las ‘colas del hambre’ deberían avergonzar a los gobernantes y ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la ‘vacuna contra la pobreza’, que es como calificaron el Ingreso Mínimo Vital».

Según los datos publicados por la organización, si se toma como referencia ese umbral de riesgo de pobreza y exclusión social, hay 8.260.000 personas en esa situación, al estar por debajo del 60% de la mediana de ingresos. En consecuencia, «el IMV sólo llega al 12,2% de las personas en riesgo de pobreza», advierten desde la Asociación.

Asimismo y como parte del decreto ‘anticrisis’, el Ejecutivo aprobó en diciembre del pasado año la posibilidad de la cesión de la gestión del IMV a las autonomías que lo solicitasen. Hasta diciembre de 2023, las regiones de País Vasco y Navarra eran las únicas que realizaban la gestión económica de la prestación. Con la medida, el Gobierno permitía a las autonomías que fuesen ellas las que administrasen la ayuda, por tener más conocimiento de campo de los focos de población vulnerable.

Los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en este sentido, también ha analizado cómo se ha implementado la prestación en los diferentes territorios de nuestro país. Tras su estudio, han observado que existen «grandes diferencias» entre las comunidades autónomas y el nivel de cobertura de estas situaciones.

En concreto, el IMV llega a más del 20% de la población bajo el umbral de pobreza en País Vasco (24,6%), Ceuta (23,5) y Melilla (22,6%), pero no llega al 10% en Castilla La Mancha (8,7%), Cataluña (8,6%), Canarias (8,3%) y Baleares (5,9%).

«Es necesario un impulso aún mayor para incorporar el IMV en la gestión a los servicios sociales de atención primaria. Sin embargo, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social no ha establecido ninguna coordinación que, sin ninguna duda, hubiera ayudado a la implantación del IMV, mejorando los plazos en el acceso y la situación económica de muchas familias», lamentan desde la organización.

En este sentido, agregan que «el laberinto burocrático diseñado para acceder al IMV ha hecho, en la mayor crisis social de la historia, que miles de personas en situación de vulnerabilidad, pasen meses de su vida sufriendo momentos de gran precariedad». Esta misma crítica también ha sido trasladada en varias ocasiones por parte de los sindicatos, que consideran que la ayuda es muy compleja y eso deriva en que un buen número de solicitudes tarden en concederse y los solicitantes abandonen.