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En qué consiste la ley de enseñanzas artísticas, aprobada hoy en el Congreso

La primera norma del Gobierno en aprobarse en esta legislatura equipara estudios como el Arte Circense, Videojuego o Danza a los grados universitarios

El Ministerio de Educación reanuda la guerra con los rectores por la ley de enseñanzas artísticas

Alumnas de una escuela de danza de Madrid Belén Díaz
Javier Palomo

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Este jueves el Congreso de los Diputados ha dado luz verde, de manera definitiva, a la ley que establece y equipara las enseñanzas artísticas superiores a los grados universitarios. Esta apuesta de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ya se aprobó el año pasado, pero decayó con la convocatoria de elecciones anticipadas. Volvió a recibir el visto bueno este marzo, sin embargo, faltaba que se aceptaran las enmiendas del proyecto de ley en el Senado. Ahora se ha convertido en la primera norma del Gobierno en salir adelante durante esta legislatura.

La ley de enseñanzas artísticas equipara este tipo de estudios al de los universitarios y los homologa al Espacio Europeo de la Educación Superior. Ocurre lo mismo con las enseñanzas artísticas profesionales, que entran al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, es decir, al nuevo sistema de Formación Profesional, abriendo también la posibilidad del reconocimiento y acreditación de estas competencias a los trabajadores del sector. Beneficiará a más de 690.000 personas trabajan en el sector artístico en España, así como a 689 centros educativos, 14.000 docentes y en torno a 140.000 estudiantes.

Se trata, además, de la primera reforma de los últimos treinta años en establecer un marco legislativo para las enseñanzas de Música, Danza, Arte Dramático; Conservación y Restauración de Bienes Culturales; Artes Plásticas, la Escritura Creativa y las Artes Audiovisuales. Como novedad, una de las enmiendas aprobadas añade como enseñanzas el Videojuego, la Animación, la Cinematografía y las Artes Circenses. Además, considera la posibilidad de que las comunidades propongan al Ejecutivo el arranque de trámites para crear nuevas Enseñanzas Profesionales relacionadas con otras disciplinas artísticas.

Gracias a la homologación en la Unión Europea, los estudiantes tendrán mayor facilidad para realizar parte de sus estudios en otro país europeo y para poder ejercer su profesión fuera de nuestras fronteras. Se introduce también la modalidad dual por lo que los jóvenes podrán realizar parte de su formación como prácticas en empresas, instituciones... y cotizarán a la Seguridad Social como sucede con los estudiantes de Formación Profesional.

Derecho al paro académico

También amplía los derechos de los estudiantes, que podrán recibir una beca en las mismas condiciones que los universitarios, incluido el pago de las tasas de matrícula, que hasta ahora no se compensaban. Reconoce, además, y por primera vez, su derecho al paro académico —por ejemplo, el consejo educativo podrá parar la actividad docente para ir a una manifestación sin perder derechos de evaluación o docencia—, que podrá ser total o parcial.

Crea a su vez cuatro nuevos cuerpos de docentes —de profesores y catedráticos de Enseñanzas Superiores; y de profesores y catedráticos de Enseñanzas Profesionales—, que se unen a los Maestros de Taller; y contempla la creación de 'Campus de las Artes', donde centros públicos o privados y universidades podrán asociarse entre sí.

Además, se establecerá un órgano de representación estudiantil autónomo por centro, que defienda los intereses del estudiantado, vele por el cumplimiento de derechos y deberes, realice propuestas y fomente el asociacionismo estudiantil.

Uno de los cambios introducidos durante la legislación contempla el compromiso de crear un Estatuto Básico del Estudiante de Enseñanzas Artísticas Superiores, que el Gobierno deberá aprobar una vez entre en vigor la ley y que se aplicará a todos los estudiantes, ya sean de centros públicos o privados.

El «mayor consenso del ámbito educativo» o «un paso atrás»

Para la ministra Pilar Alegría, esta regulación es la de «mayor consenso del ámbito educativo de la historia». «Toda la comunidad educativa lleva pidiéndonos desde hace mucho tiempo que nos pongamos de acuerdo, que pactemos y que acordemos las mejoras que la educación necesita, al menos a través de acuerdos parciales. Con esta ley hemos evidenciado, hemos demostrado que es posible. Este ejemplo ha valido la pena», ha señalado Alegría.

La ministra también ha querido agradecer a los grupos parlamentarios su «clima de colaboración» durante todo el proceso de tramitación que, según ha reconocido, ha contribuido a que «fuera un mejor texto». Y es que, desde que el Consejo de Ministros rescatase el proyecto del cajón y la enviase a las Cámaras el pasado enero, los partidos han ido negociando cambios y correcciones para la ley, que llegó a recibir hasta 200 enmiendas antes de aterrizar en el Senado.

La Cámara Alta incorporó varias de ellas, lo que hizo que tuviese que volver al Congreso para su aprobación definitiva, pero en la votación de este jueves muchas de ellas han quedado fuera, lo que ha sido fruto de reproche por parte de varios grupos.

Ejemplo de ello ha sido el Partido Popular, que finalmente se ha abstenido, y cuyo portavoz Óscar Clavell ha afeado durante el Pleno que se dé «un paso atrás» al rechazarse algunas de las enmiendas de su grupo, como una en la que se fijaban las competencias de la Inspección Educativa para que el Estado garantizase el respeto al castellano en todos los centros educativos.

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