El bloqueo de los prácticos genera desvío de tráfico de Sevilla a otros puertos

Varios miembros de la comunidad portuaria consultados ayer por ABC transmitieron su seria preocupación por la situación que se tensó por completo durante la madrugada del lunes cuando el gremio se negó a atender a varios barcos que iban a entrar en el río desde Sanlúcar, alegando que «la licencia está caducada y no se puede aprobar una prórroga de forma unilateral».

Es la primera vez que este colectivo, que se dedica a facilitar el acceso de buques de determinadas dimensiones al canal de navegación, consuma un paro de tal envergadura. Pero el servicio viene sufriendo incidencias desde el pasado noviembre, coincidiendo con la negociación de un nuevo pliego que lo regule y la renovación de la licencia, que se expide cada diez años.

Las exigencias del gremio son una subida en las retribuciones de los prácticos del 40%, lo que suponen unos ingresos brutos individuales que rondan los 190.000 euros al año. Además piden un 4% de beneficio industrial adicional y a esto hay que añadir que dicho colectivo quiere mantener el trabajo a turnos por quincenas, es decir, con dos semanas de actividad y otras dos de descanso. Estas condiciones, que pueden parecer abusivas, no lo son en comparación con otros puertos, como confirman las fuentes consultadas. De hecho, explicaron que «muy pocos son los que quieren venir a Sevilla porque el trabajo es mucho mayor por el tiempo que se tarda en el remonte del río, que son unas seis horas, y porque el sueldo es inferior. En otros destinos como Valencia llegan a cobrar hasta el doble».

El Puerto, por su parte, les había ofrecido una subida salarial del 17%, que es la que había incluido en el pliego para el concurso que publicó el pasado febrero. Al mismo se debía de presentar la Corporación de Prácticos que, al no estar de acuerdo, lo dejó desierto, pero desde entonces sí viene aplicando esa subida salarial, como explicaron desde la Autoridad Portuaria.

Este trabajo sólo lo pueden realizar los profesionales de la Corporación de Prácticos, al ser los que están acreditados para ello. Así lo reconoce la Ley de Puertos y, por tanto, pueden funcionar en un régimen de monopolio. Eso tiene sus ventajas, como la de tener mucho poder en la negociación, pero también sus inconvenientes y es que no pueden plantear una protesta de forma unilateral y sin cubrir servicios mínimos como lo hicieron durante la jornada del lunes. De ello advirtió ayer el Colegio de Prácticos y la federación nacional que desaprobaron esa manera de proceder.

En una carta dirigida al presidente del Puerto, Rafael Carmona, aseguraron que «desaprueban» las acciones llevadas a cabo por algunos profesionales de la Corporación de Sevilla, «con el fin de querer forzar y hacer valer sus reivindicaciones en la negociación de un nuevo pliego de prescripciones del servicio que prestan y el otorgamiento de la licencia correspondiente». «Este Colegio y la Federación les han manifestado que los desacuerdos deben solucionarse en los tribunales ordinarios de justicia y mientras que resuelven dichos tribunales deben prestar un servicio modélico y de calidad», recalcaron ambas instituciones.

De la misma manera, la Autoridad Portuaria reiteró a la sociedad bajo la que trabaja el gremio «la necesidad de restablecimiento en su totalidad del servicio de practicaje debido al impacto que está ocasionando al tejido empresarial y a la actividad portuaria». También aclaró que no han sido todos los prácticos de la Corporación los que han secundado esta protesta que supone un bloque del servicio y pidió que dejen trabajar a los que no están de acuerdo con la postura adoptada.

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Previamente la dirección del mismo había presentado una denuncia ante la Fiscalía en la que puso de manifiesto los efectos y las responsabilidades patrimoniales que el bloqueo de la actividad portuaria pueda estar incurriendo. Todo ello se trasladó también a los máximos responsables de Puertos del Estado, la Dirección General de la Marina Mercante, la Capitanía Marítima y la Delegación del Gobierno en Andalucía. Además, se está recabando información sobre el coste que está suponiendo esta circunstancia a las empresas.