Acuerdo de los principales acusados por el «caso Metalumba» con la Fiscalía para reducir su pena

La Audiencia de Palma ha acogido hoy lunes el juicio por el llamado «caso Metalumba», que es una pieza separada del «caso Son Oms», en el que se investigaba un «pelotazo» urbanístico gestado en la legislatura 2003-2007 en el Consejo de Mallorca, cuando la presidenta de la institución era la nacionalista Maria Antònia Munar. La Fiscalía sospechaba que se habría producido una recalificación irregular de los terrenos del polígono de Son Oms, ubicado en Palma de Mallorca, con un incremento «desmesurado» de la edificabilidad, para obtener comisiones.

La exlíder de Unión Mallorquina (UM) no estaba imputada en esta pieza, pero sí dos exconsejeros suyos, Bartomeu Vicens y Miquel Nadal, y otras cinco personas más. Los abogados de los acusados y la Fiscalía Anticorrupción han cerrado en el juicio celebrado hoy un acuerdo de conformidad , que supondrá una reducción significativa en las penas solicitadas inicialmente por el Ministerio Público. El juicio ha quedado visto para sentencia .

Para Vicens se solicitaban inicialmente 19 años y tres meses de cárcel por cohecho, prevaricación, delito contra la hacienda pública, falsedad y blanqueo de capitales. Finalmente, la condena será de 5 años y 11 meses . Según se reconoce en el citado acuerdo, Vicens creó la sociedad Metalumba en la legislatura 2003-2007, siendo consejero insular de Territorio, «con el propósito de ocultar sus ingresos ilícitos» . La Fiscalía le reconoce ahora los atenuantes de confesión, colaboración con la justicia y reparación del perjuicio.

Para Nadal, que hace diez años era el vicepresidente del Consejo de Mallorca, se solicitaba en un primer momento un año de prisión, que ha quedado reducido a siete años de inhabilitación para el desempeño de un cargo público. En cualquier caso, Vicens y Nadal se encuentran en la actualidad en la cárcel cumpliendo condena por otros delitos de corrupción. Finalmente, la mujer de Vicens, Antonia Martorell, se enfrentaba a una posible pena de 13 años y 3 meses, que ha quedado reducida a dos años, tras haber colaborado también con la justicia.