Sunak cambiará la ley para despedir a quienes no cumplan los servicios mínimos en el Reino Unido

Las fuerzas sindicales fundieron sus voces en un eco de protestas contra la amenaza legislativa del Gabinete de Rishi Sunak, que la consideran «un ataque contra el derecho a ir a la huelga, un ataque contra los trabajadores y un ataque contra una de las arraigadas libertades británicas». «Significa que cuando los trabajadores voten democráticamente en favor de la huelga, podrán ser forzados a trabajar y serán despedidos si no lo hacen», denunció Paul Nowak, en su recién estrenada posición como secretario general de la Congreso de la Unión de Sindicatos (TUC).

El líder laborista, Keir Starmer, prometió derogar la nueva legislación si el texto final supone la imposición de «más restricciones» en el muy limitado armazón legal que rige la convocatoria de paros laborales en Reino Unido. «No creo que legislar sea la forma de acabar con las disputas industriales. Es necesario sentarse a la mesa y llegar a un acuerdo. No se puede legislar para escapar a trece años de fracasos», dijo en referencia a la larga década en que los conservadores gobiernan el país en mayoría o una corta fase de coalición con los liberal-demócratas de Nick Clegg.

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Lourdes Gómez

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La propuesta de Sunak amplía medidas anunciadas en el verano y enfocadas en los empleados del ferrocarril, que llevan casi un año haciendo paros intermitentes en demanda de mejoras en los incrementos salariales, seguridad del puesto de trabajo y las pensiones, además de reformas estructurales negociadas. La nueva legislación cubrirá las condiciones de la acción sindical en ocho sectores, desde educación a transporte público, seguridad fronteriza y decomiso de instalaciones nucleares. Las medidas no toparán la severidad que rige sobre el Ejército o la Policía, cuyos miembros no tienen derecho a ir a la huelga.

«El Gobierno debe proteger la vida y el sustento, además de proteger la libertad de hacer huelga. Tiene el deber de asegurar la seguridad del público, proteger su acceso a los servicios públicos vitales y ayudarles a desenvolverse en sus rutinas diarias», advirtió el ministro de Negocios, Grant Shapps. Las leyes, añadió, asegurarán la provisión de servicios y «niveles mínimos de seguridad» a fin de «proteger al público de la disrupción desproporcionada».

Shapps no adelantó detalles sobre el alcance de la «función básica» ni el porcentaje de empleados en sectores públicos que deberá permanecer en su puesto de trabajo en las jornadas de paro. Sí anticipó que el Gobierno regulará el nivel de «seguridad mínima» que ofrecerán los bomberos, el personal de ambulancias y los empleados del ferrocarril durante las acciones industriales. En el resto de los sectores protegidos- Sanidad, educación, decomiso y residuos nucleares, funcionarios de fronteras y otros medios de transporte- confían en que los respectivos protagonistas firmen acuerdos voluntarios de cobertura laboral que eviten la intervención ministerial.

En la disputa nacional con las enfermeras, que se echaron a la calle por primera vez en diciembre y mantienen viva su protesta, sus representantes sindicales acordaron un esquema para mantener y garantizar continuidad de tratamiento en distintos departamentos clínicos, además del servicio de urgencias. El Gobierno reprocha sin embargo que el personal de ambulancias no cerró un acuerdo a nivel nacional.

El Ejecutivo conservador se apoya en el ejemplo de España para justificar el endurecimiento de las leyes sindicales. «Naciones europeas civilizadas- Francia, Alemania, Italia y España- tienen alguna forma de niveles mínimos de seguridad», recordó Shapps ante los medios. El ministro observó también que la Organización Internacional del Trabajo «no lo considera erróneo cuando se trata de una cuestión de vida y muerte».