Israel da luz verde a la reanudación de las negociaciones para liberar a los rehenes en Gaza

A Benjamín Netanyahu se le multiplican los frentes y en las próximas horas conocerá la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la última petición de Sudáfrica de ordenar medidas adicionales para frenar la operación en Rafah. Los surafricanos, que abrieron el caso por genocidio en La Haya, mantienen que los avances en Rafah y el cierre del cruce a Egipto ponen en peligro la supervivencia de los palestinos y piden una orden para detenerlos. “Ningún poder en la Tierra impedirá que Israel proteja a sus ciudadanos y persiga a Hamás en Gaza”, dijo a los periodistas el portavoz del gobierno Avi Hyman cuando se le preguntó si Israel cumpliría con un posible fallo de la CIJ en su contra.

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, visitó a las tropas en la costa de Gaza y declaró que “estamos fortaleciendo nuestro esfuerzo contra Rafah. Esta operación continuará y aumentará, más fuerzas en tierra, más fuerzas desde el aire, y alcanzaremos nuestros objetivos: asestar un golpe muy duro a Hamás, privarlo de sus capacidades militares, y crear las condiciones para devolver a los rehenes a sus hogares”.

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El ejército, que desde el comienzo de la guerra impide la entrada de prensa internacional y que en estos siete meses ha matado a más de un centenar de periodistas y trabajadores de medios palestinos, insiste en que su operación es “medida”, pero no quiere testigos. Desde Naciones Unidas alertan del desplazamiento forzoso de más de 800.000 personas en apenas dos semanas de Rafah, que ahora “malviven entre escombros” en Deir El Balah y Jan Yunis, en el centro de la Franja. Los civiles sobreviven en las “zonas humanitarias”, según Israel, sin apenas servicios.

El reconocimiento del Estado palestino por parte de España, Irlanda y Noruega ha provocado la ira de Israel que, además de retirar a sus embajadores de estos países, anunció un severo castigo económico a la Autoridad Nacional Palestina (ANP). El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, informó a Netanyahu que dejará de enviar a Ramala los ingresos fiscales que Israel recauda en nombre de la ANP, lo que incrementará el nivel de la crisis que ya sufren en los territorios ocupados porque no hay dinero para los salarios de los funcionarios. “Están actuando contra Israel legalmente, diplomáticamente y en busca de un reconocimiento unilateral", dijo Eytan Fuld, portavoz de Smotrich, para justificar la decisión, y "cuando actúan contra el Estado de Israel, debe haber una respuesta".

Este es un castigo en contra del parecer de Estados Unidos, que busca reforzar a la ANP como alternativa a Hamás en el futuro de Gaza y para poder reactivar la solución de los Estados. Israel recauda los impuestos aduaneros y de importación en nombre de la ANP y esos ingresos constituyen la mayor parte del presupuesto palestino desde que la ayuda internacional ha menguado.

Las autoridades israelíes no aceptan la solución de los dos Estados que defienden la ONU y la comunidad internacional, refuerza la expansión de los asentamientos en Cisjordania y planea reconstruirlos en Gaza, a donde anunció que irá a vivir el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. Su compañero de gabinete y responsable de Vivienda, Yitzhak Goldknopf, dijo que no es posible el establecimiento de un Estado palestino independiente porque los israelíes no pueden vivir “al lado de un estado de animales humanos”.

Además de la operación en Rafah, el ejército castiga con dureza el norte de la Franja donde ya no quedan hospitales operativos. El último que queda era el de Al Wada y “tuvo que cerrar tras un aterrador asedio de cuatro días, el último de una serie de ataques sistemáticos contra la asistencia sanitaria por parte de las fuerzas israelíes”, denunció Médicos Sin Fronteras (MSF).